Etiquetas
Por Simón Rodríguez Porras (PSL)
Prohibido criticar
A comienzos de este año fueron despedidos los profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) Omar Vázquez Heredia y Manuel Sutherland, por realizar públicamente críticas a la política económica del gobierno. Los jóvenes intelectuales y activistas de izquierda venían cuestionando a través de artículos e intervenciones públicas el ajuste aplicado por Maduro y las grotescas mentiras de la propaganda oficial en torno a una “guerra económica”. Vázquez Heredia también se pronunció, ante las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, por el apoyo a candidaturas de la izquierda anticapitalista no alineada al gobierno ni a la coalición opositora de centroderecha, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Los despidos como retaliación política no solo resultan sintomáticos de la precarización de derechos laborales en los centros educativos controlados por el gobierno, como la UBV, donde no hay derecho a la organización sindical, gremial o estudiantil. Más allá de lo que revelan sobre la inexistencia de las más elementales garantías para la actividad docente y la investigación en estas instituciones “bolivarianas”, estos despidos forman parte de la persecución contra la izquierda independiente en el país.
Contra el sindicalismo revolucionario
Varios dirigentes sindicales de izquierda han sido despedidos como retaliación política. Los dirigentes del Partido Socialismo y Libertad (PSL) Orlando Chirino y Bladimir Carvajal fueron despedidos de Pdvsa en 2007 y 2015 respectivamente, Armando Guerra de la misma organización fue despedido de Hidrocapital en 2007, en todos los casos por defender los derechos de los trabajadores y oponerse a los manejos de la burocracia. Por denunciar corrupción también fue despedida la dirigente sindical de izquierda Osmary Escalona, trabajadora del Seguro Social (Ivss) en el estado Lara. La lista es muy larga y no puede ser agotada en este breve escrito.
Los ataques empleando el aparato administrativo y represivo del Estado, o incluso el sicariato, contra toda posición que desde la izquierda independiente o incluso desde el mismo movimiento chavista interpelara al gobierno, fueron un recurso decisivo del gobierno para avanzar hacia una nueva gobernabilidad burguesa e imponer sus medidas de ajuste y restricción de las libertades democráticas. De esta manera, el gobierno no solo usó a sus agentes de la burocracia sindical para dividir a la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) en 2006 y así abortar el proceso de refundación del movimiento sindical, sino que incluso se apoyó en el sicariato para asesinar Richard Gallardo, el único presidente de una federación regional de la Unete electo democráticamente, la Unete-Aragua, así como a los dirigentes sindicales revolucionarios Luis Hernández y Carlos Requena, todos ellos militantes de la Unidad Socialista de Izquierda, organización antecesora del PSL. La Unete-Aragua contaba con el hito de haber realizado la única huelga general regional del período chavista en 2007, y de haber sido parte de la emblemática lucha de los trabajadores de Sanitarios Maracay, en la cual más de seiscientos trabajadores realizaron una experiencia de producción autogestionada durante más de nueve meses, pese a la represión militar y policial. Sigue leyendo