Por Julio César Guanche

Entre los temas de fondo recurrentes en el debate político actual en Cuba se encuentran la diversidad existente en la nación, la amplitud del registro de demandas sociales, la democratización de las prácticas partidistas y estatales, la urgencia de mecanismos de gobierno más eficaces, responsables y transparentes, la necesidad de regularizar la protección de derechos ciudadanos, y, en resumen, la demanda de «actualización» del modelo político. A pesar de que estos temas no se reflejan en los medios, y tienen escasa presencia en los discursos institucionales, es imposible soslayar el movimiento reformista de la política y el alcance real de los cambios experimentados.

Lo nuevo

La imaginación que impulsa los cambios políticos en curso propone innovaciones notables. El Estado ha renunciado a una parte importante de su monopolio sobre la economía, el empleo y el control de los ingresos personales. Con esto, se han multiplicado los actores económicos e institucionales, lo que de facto limita el monopolio estatal sobre la actuación política. Un mayor número de personas se independiza del Estado, y queda sometido a la única disciplina de pagar impuestos, una cultura nueva en Cuba. Se introducen otros mecanismos de mercado, formas privadas de organización económica y se potencia un proceder basado en la «eficiencia económica». El nuevo modelo se define más bien por lo que impedirá: «el plan prevalecerá sobre el mercado», «nadie quedará desamparado» y se «evitará la concentración de la propiedad».

En este movimiento, se combinan acciones del gobierno, exigencias y críticas de la sociedad.

La «economía» se ha convertido en el campo preferente de experimentación de las nuevas políticas. Se han entregado en usufructo casi 1,4 millones de hectáreas a 150 mil agricultores, y se pide ampliar los límites originales del arrendamiento. Se han eliminado instancias estatales en la distribución de productos del agro, anunciando el fin del sistema centralizado de ventas. Se incentiva la producción de alimentos a escala local y se ha demandado potenciar la venta de equipamientos agrícolas e industriales a particulares, con rebajas de precios.

Se estimula el «cuentapropismo» —sector privado—, se reducen los impuestos sobre actividades económicas y sobre el costo de las licencias, en determinadas condiciones, para alquilar medios de transporte o renta de habitaciones y casas. Se ha admitido por vez primera la contratación de mano de obra asalariada por parte de propietarios privados de negocios, y se atenúan, o eliminan, los impuestos a pagar según la cantidad de contratados. Los restaurantes privados, que en los 1990 tenían autorizadas solo 12 sillas, ahora pueden situar 50. Se arrendarán locales estatales a privados o a cooperativas; se ha comenzado a otorgar créditos a los nuevos pequeños empresarios, se autorizó la compra y venta de casas y automóviles usados y la entrega de subsidios a personas de bajos ingresos para reparar sus viviendas. Si hace 20 años 95% de las personas empleadas eran trabajadores estatales, el gobierno se ha propuesto que 40% de la fuerza laboral pase al sector no estatal hacia 2015. Sigue leyendo →