Por Vicenc Navarro

Hoy existen dos problemas graves en España, que están relacionados pero en situación distinta a lo que se creen muchas voces, incluyendo de izquierdas. Uno es el problema social, que es el mayor y más urgente, pues la calidad de vida y bienestar de las clases populares se ha estado deteriorando de una manera muy marcada durante estos años de la Gran Recesión (ver El nuevo régimen social de España, Público. 21.06.17; El mayor problema que tiene hoy Catalunya del cual no se habla: la crisis social, Público, 30.06.17; y ¿Qué pasa en Catalunya? Lo que no se dice en los medios ni en Catalunya ni en España, Público, 11.09.17). Tal problema debería ser motivo de movilización y respuesta prioritaria por parte de las izquierdas, pues históricamente han sido los instrumentos políticos creados para defender sus intereses.

El otro problema es el problema nacional, resultado en parte de una transición inmodélica que perpetuó un Estado uninacional borbónico, claramente centralizado y radial, origen de las tensiones territoriales que han alcanzado su máxima expresión estos días, en el conflicto entre el Estado español (representante del nacionalismo uninacional españolista) por un lado, y la Generalitat de Catalunya (representante de la versión independentista del nacionalismo catalanista) por el otro.

Las causas de la enorme crisis social

Las causas de la crisis social son fáciles de ver, aunque el lector no las verá, oirá o leerá en los mayores medios de información del país. Como he mostrado en mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante (Anagrama, 2015) tales causas son las políticas neoliberales que los gobiernos españoles, incluyendo los catalanes, han ido imponiendo a la población (y digo imponiendo porque no están en sus ofertas electorales) durante estos años, y que incluyen desde las reformas laborales (que han causado un gran descenso de los salarios y un gran crecimiento del desempleo y la precariedad) a los enormes recortes en las transferencias públicas (como las pensiones) y servicios públicos del Estado del Bienestar (como la sanidad, la educación, los servicios sociales, las escuelas de infancia –mal llamadas guarderías en España– los servicios domiciliarios a la población con discapacidades, la vivienda, y muchos otros).

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