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Por Rogelio Manuel Díaz Moreno

Oficialmente, en la República de Cuba no se producen huelgas desde que, en la década de 1960, la Central sindical única estableció un compromiso con el Gobierno a este respecto. A partir de esa fecha, el término de huelga se volvió como un tabú, un concepto exótico para otras latitudes, cuya invocación local acarreaba graves consecuencias.

Sobre las huelgas, existen muchas definiciones, elaboraciones, protocolos y prosopopeyas. En un diccionario de mi barrio, es cuando unas personas trabajadoras consideran que no se les paga lo suficiente por su trabajo, o los tratan demasiado mal; se les llena la cachimba de guizasos [1], y dejan el trabajo en rebeldía. La labor que desempeñaban queda interrumpida, y las pérdidas al negocio y las molestias a los clientes presionan a la patronal correspondiente. Puede que entonces se les haga caso, o que la patronal sea más fuerte y se imponga sobre los y las huelguistas, les obligue a volver o les sustituya por esquiroles.

Ha sido mi opinión que, a pesar de lo establecido oficialmente, en nuestro país se han producido movimientos huelguísticos en las últimas décadas. No exactamente igual que los de otros países, pero sí funcionan de una manera muy parecida. En el sector de la construcción, en el de la policía, en los de educación y salud, entre otros, se produjo un éxodo de las plantillas que obligó al Estado empleador, en algunos casos y siempre de mala gana, a hacer algunas concesiones.
Un ejemplo reciente de estos conflictos salió reportado, nada más y nada menos que en uno de los diarios estrella del sistema, el Juventud Rebelde. Creo que la dirección del periódico no se dio cuenta de la trascendencia última de lo que revelaba, cuando publicó la carta del colectivo de carteros de Banes, de la oriental provincia de Holguín. Los firmantes de esta misiva relatan sus cuitas, a partir de lo que perciben como un trato salarial injusto.

Sin entrar en muchos detalles, se trata simplemente de otro caso donde los intereses de la dirigencia entraba en conflicto con los de los dirigidos. En estos últimos se generó un nivel de disgusto, agraviado en ocasiones sucesivas por lo que percibían como arbitrariedades que los perjudicaban. Una representación de estas personas estimó pertinente denunciar la situación a la prensa, mediante la mencionada carta. En esta, se apoyan en determinados principios del Código de Trabajo que consideran vulnerado y, mientras, alertan que “como consecuencia, se ha producido un éxodo masivo de carteros integrales en el municipio, que pone en crisis la distribución postal y de la prensa”.

Como elemento interesante se encuentra la unidad, en la base de los descontentos, de los trabajadores con su jefe de brigada y el representante sindical inmediato. No causa sorpresa, por otra parte, que niveles superiores de la central sindical se hayan mostrado inoperantes, si no cómplices, del empleador –o sea, el Estado.

Rebuscando un poco más, se encuentra en el oficialísimo Granma, información adicional sobre esta situación. Una carta a la dirección del diario, firmada por Luis Pérez, del municipio de Banes, refiere los inconvenientes causados por el abandono de los carteros. A pesar de verse afectado, Pérez manifiesta apoyo hacia las demandas de los huelguistas, que considera justas.

Abandono del trabajo, denuncia pública contra la administración y recabo de solidaridad, son elementos que se evidencian por sí mismos como componentes de una huelga. Todos están presentes en esta situación que se desenvuelve en Banes en los últimos meses.

Esta postal, intrascendente si se contempla como un conflicto aislado, contiene sin embargo un significado sustancial. Confirma, en nuestra opinión, la tesis de que la clase trabajadora cubana conserva la combatividad y la decisión de oponerse a la explotación de que son objeto, en correspondencia con el nivel de fuerza con que se les pretenda sujetar, y el nivel de auto organización y conciencia que haya alcanzado en cada situación particular. Se ratifica la validez del recurso de la huelga, así sea de manera extra oficial y en casos extremos. Ratifica el patético papel de los supuestos representantes de la clase obrera a niveles medios y altos. Y, por último, vuelve a destacar la valía de José Alejandro Rodríguez, digno periodista que se hizo eco de la “carta de los carteros” en su columna habitual.

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