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Por Dean Luis Reyes

Hace unas semanas, el programa de Cubavisión “Mediodía en TV” invitó a un
par de jóvenes estudiantes del Instituto Superior de Arte a promover allí
algunas de las actividades organizadas como parte del Festival de las
Artes que esa institución organiza cada año. Entre ellos, una muchacha
comentó algunos de los detalles del Festival Imago, certamen de la
Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA).

Además de la habitual competencia de ficción, documental y otras
especialidades, la invitada hizo referencia a los paneles con
especialistas dedicados a temas necesarios para la formación de esos
estudiantes. Uno de ellos: “Vamos a discutir sobre la Ley de Cine”. Marino
Luzardo, por mucho uno de los más profesionales presentadores de la
televisión cubana, que hasta el momento lucía distraído por tantos
detalles, saltó: “¿Cómo? ¿Ley de Cine?”. La muchacha ofreció detalles.

¿Es posible que Luzardo no supiera de este propósito, una de las
proposiciones esenciales del grupo de cineastas que desde mayo de 2013
impulsa una renovación del aparato legislativo e institucional que rige la
actividad audiovisual en Cuba? Lo es. Sobre todo, porque en los medios de
difusión oficiales cubanos no se habla del tema. No se habla porque está
prohibido: hace unos meses quise dedicar uno de mis habituales espacios de
Secuencia Crítica en Canal Habana a este asunto y se me advirtió no perder
tiempo en ello. No se puede siquiera mencionar. Hasta donde sé, a Luzardo
lo han reprendido. ¿No sería mejor haberlo informado antes?

¿Por qué no puede hablarse la Ley de Cine en los medios de difusión
cubanos? Buena pregunta. El funcionamiento del grupo de cineastas que
alguna vez fue denominado Grupo de los 20 y en verdad fuera bautizado
Grupo de Trabajo, ha sido uno de los asuntos más complicados de
administrar por las mentalidades convencionales. Paradójicamente, ha sido
profusamente seguido en la web cubana, en los medios de difusión
alternativos (como este mismo Altercine) y en las publicaciones
culturales, como La Gaceta de Cuba. El sitio web de la UNEAC publica
regularmente sus declaraciones y documentos. O sea, tampoco ha sido algo
de funcionamiento clandestino.

Ello, porque su origen tuvo que ver con la voluntad de participar sin ser
convocados en la comisión estatal para el diagnóstico de la situación
institucional y la reestructuración del Instituto Cubano del Arte e
Industria Cinematográficos. Digo “sin ser convocados” porque nadie llamó a
los cineastas a formar parte de esa comisión. Claro, se trata de un
proceso técnico vinculado a la actualización del modelo económico
nacional, al redimensionamiento institucional. Está integrada por
instancias ministeriales y por un grupo multidisciplinario presidido por
el vicepresidente del Consejo de Estado Marino Murillo.

Presumamos que el fuerte de los artistas no es la legalidad o los
procedimientos tecnocráticos. Pero resulta que el instituto de cine no es
cualquier instituto. Que su legado histórico ha sido uno de los más
destacados en cuanto a participación de los creadores en decisiones
institucionales. Que su devenir ha sido a menudo ejemplar en la
construcción de un entorno democrático (recuérdese la formación de los
Grupos de Creación en la pasada década de los ochenta). Que a través de
los años la reacción de los cineastas fue en general coordinada ante
cualquier intervención externa sobre su ámbito de creación. Que la gente
de cine en Cuba, a partir de la Revolución, ha aspirado siempre a
conducirse como intelectuales orgánicos. Que, a diferencia de otros
entornos intelectuales, los creadores fílmicos cubanos fueron en su
mayoría criaturas políticas.

Por eso es natural que se organicen. Este Grupo de Trabajo o como se
denomine ha sido lo suficientemente transparente y compacto en sus
demandas. Ha señalado que el cine cubano es hoy mucho más que el ICAIC
(Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos), institución a
la que respetan y veneran, pero ubican en una dimensión menos central que
la habitual. Según los documentos que han hecho circular, aspiran a hablar
a nombre de “un ecosistema del cine cubano”, que hoy abarca casi un
centenar de productoras operando sin un marco legal apropiado.

Como no es palabrería, tienen una serie de propuestas concretas. Entre
ellas, la aprobación de un Reglamento de las Productoras independientes o
autónomas; de un Reglamento del Registro Nacional de Creadores
Cinematográficos y Audiovisuales y del Proyecto de Decreto-Ley sobre la
condición laboral del Creador Cinematográfico y Audiovisual. Indican que
todo esto debe conducir a la proposición de una Ley de Cine, que organice
el sistema de la producción audiovisual nacional y establezca un marco
legal que sostenga y naturalice las características de este momento de la
cultura cinematográfica, como lo han hecho otros países vecinos e incluso
las industrias hegemónicas.

Para esto último, se han reunido con diferentes instancias estatales del
país, entre ellas con la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y
Tecnología de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se trata de un
proceso democrático simple y natural. Que, además, tiene como corolario la
celebración de asambleas regulares en un escenario público, abiertas a
quien desee participar y donde todos pueden expresarse. En mayo de 2015
cumplirán tres años reuniéndose y trabajando.

Como se ha visto, este espíritu bienhechor –como cualquiera donde los
asuntos de lo público se ventilan libremente, y no hay arte más público
que el cine– no ha alcanzado los medios de difusión que debieran
prohijarlo y acompañarlo. No ha habido una Mesa Redonda donde se permita a
Fernando Pérez, Magda González Grau u otro de los creadores involucrados
explicar a la gente de a pie que esto no es un engendro diabólico. Marino
Luzardo se enteró al aire y, como entrevistador con pedigrí, debió
percibir que una Ley de Cine que se iba a discutir dentro del Festival
Imago no debía ser un asunto estudiantil menor. Resulta que quienes
debieron haberlo puesto sobre aviso, además, quisieron regañarlo por
salirse del guión.

Hace años, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La
Habana escogió exhibir en su apertura el filme mexicano El crimen del
Padre Amaro, y a esa ceremonia asistió la jerarquía católica cubana.
Ofendidos por el tratamiento del tema del amor carnal de un sacerdote,
estos abandonaron la sala en plena proyección. Unas mañanas después,
mientras comentaba como cada amanecer para un programa radial de alcance
nacional, las propuestas del día del Festival, mencioné que esa película
se exhibía en el Anfiteatro Varona de la Universidad de La Habana.

Pocos minutos después me llama el director del programa, inquiriendo por
cuál “orientación” había recibido en mi periódico acerca de ese filme. Le
dije que ninguna. En verdad, sonaba en el ambiente que el título mexicano
debía ser obviado en las menciones informativas de esos días, para evitar
mayores quejas de los prelados. Como nadie me lo comunicó directamente,
para haberle respondido que no aceptaba ese dislate, procedí como siempre
hago: como no soy soldado, no obedezco órdenes. Mucho menos atiendo
rumores.

Esta anécdota ilustra cómo operan a menudo las políticas informativas: a
través de sobrentendidos extraños y absurdos que el desinformado corre el
riesgo de violar. Nadie se hace cargo de comunicar o firmar una circular
que ponga sobre aviso. Menos todavía se discute o debate entre varios la
pertinencia de decidir esto o aquello. Alguien comunica y el resto acata.
Pero, más allá de esta lógica burocrática que facilita todo menos la
verdad, ¿hay alguna razón real para invisibilizar la demanda de los
cineastas? ¿Alguien temerá que mañana los escritores creen su propio Grupo
de Trabajo para revisar la política editorial y promocional? ¿O que los
músicos pidan analizar los términos de sus empresas de contratación?

Pero, ¿no es así como deben funcionar las cosas en la realidad?

Lo más curioso es que los cineastas siguen trabajando. Los estudiantes de
la FAMCA discuten sobre el tema. La Muestra Joven que acaba de finalizar
emitió una declaración de apoyo, que la agencia de noticias Prensa Latina
recogió. Se habla del tema en muchos espacios, menos en ese universo donde
se hace (presuntamente) la manufactura del consenso nacional. Ellos se van
a enterar cuando se haga pública la noticia. Porque más temprano que tarde
tendremos una Ley de Cine.

Una de las ideas ejes del socialismo ha sido la politización de la
sociedad como único medio para transformarla. Hoy, cuando algún grupo
trata de organizarse (que eso es lo esencial de la política, más que la
militancia) fuera del guión de las bisagras institucionales, salta la
suspicacia. Esta vez se equivocan. Cubrirse los ojos ante la aplastante
realidad es hacerse un favor muy flaco. Y exhibir un perfil ético
maltrecho.

Disponible en:
http://www.ipscuba.net/espacios/ck71-altercine/convergencias/por-que-no-puede-hablarse-de-la-ley-de-cine-en-los-medios-de-difusion-cubanos/

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