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Las autoridades cubanas del transporte dan verdaderamente mucho de qué hablar por estos días. El cierre del acceso a las áreas del aeropuerto José Martí a los cubanos no viajeros constituyó un verdadero escándalo, hasta que finalmente se derogó la ilegal medida. Sin embargo, el asunto trae otra cola, envuelta en el secretismo tan entrañable de nuestro gobierno.

El boletín digital independiente Desde la Ceiba divulga sendos comentarios al respecto, de Jorge C. Oliva Espinosa y de quien firma como Sempronio el de Regla. Además de hacerse eco de la noticia del restablecimiento del acceso, descubren otros detalles picantes que a la prensa oficial se le ha olvidado mencionar.

Parece ser que durante las famosas obras de remodelación del aeropuerto, se desfalcó una cantidad de dinero nada desdeñable. Según fuentes no identificadas, varios funcionarios, inversionistas, económicos y hasta un general han sido señalados por una auditoría que destapó el fraude. Algunos de los implicados habrían sido detenidos y extraídos pos policías, el general habría quedado en su casa en “plan piyama”.

Esto recuerda otros escándalos que han rodeado el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, como el alquiler irregular de aviones de la compañía Cubana de Aviación. Los ingresos por el arriendo de las naves eran apropiados por bolsillos particulares de los jefes involucrados. Al igual que en el caso reciente, aquella vez estuvo implicado otro general de alto nivel.

Ahora bien, en el espacio de un transporte mucho más terrenal, el ciudadano de esta sufrida ciudad de La Habana se enfrenta a otro engendro diabólico. Este tiene que ver con el transporte urbano y la tradicional incapacidad de sus administradores para administrar servicios e ingresos. La nueva jugada tiene tintes maquiavélicos y carga la más descarada falta de ética que se pueda imaginar. Es una manera de convalidar el robo al pasajero por parte de los choferes, hacerlo “legal”.

Habría que recordar que han existido varios sistemas en la recaudación del cobro del pasaje, pero ninguno cercano a los aplicados en el mundo moderno. El cobro siempre se ha efectuado en efectivo, con alcancías o cobradores. Los cobradores de antes, se dolían las autoridades, se quedaban con parte del dinero del pasaje. Al poner solo las alcancías, un número de pasajeros esquivaba el pago.

La nueva jugada se explica detalladamente en el periódico provincial capitalino, Tribuna de la Habana. Consiste en que, ahora, el equipo de chofer y ayudantes deben depositar el dinero previsto de recaudación antes de dar el viaje con su ómnibus. Luego, tienen licencia para quedarse con todo el efectivo que recojan por el camino. El precio del pasaje es de 40 centavos, y los conductores tienen la potestad para devolver un vuelto a quien pague con monedas de mayor valor, pero no la obligación.

Imagínense que usted compra un aguacate, digamos, en 6 pesos, con un billete de 10. Y el vendedor le saque una resolución que lo autorice a quedarse con el vuelto. Bueno, es lo mismo.

Obtener las monedas de 20 centavos, o pesetas, para abonar el pasaje con dos de ellas, solo es posible después de tediosas colas en los bancos, generalmente en horario laboral. Muchas de las personas disponían hasta ahora de monedas o billetes de 1 peso para pagar el dichoso pasaje, con penosas maniobras para recuperar algo del dinero de manos del chofer o de otros pasajeros. O con frecuencia se saltaban el pago y punto. Por obra y gracia de los directivos, ahora los choferes comprometen primero su propio dinero, así que se vuelcan contra el público para recuperarlo. Y, a menos que se sientan como buenos samaritanos, tienen patente de corso para quedarse con el vuelto, si usuario carece de las dos pesetas. Así, porque sí, porque es lo autorizado y lo establecido.

Es de prever que estallen no pocos conflictos. La intransigencia y la ambición de unos cuantos choferes tropezará con la indignación de los pasajeros que se sientan, con razón, estafados por el nuevo método. El pago del transporte es una obligación, de acuerdo, pero el vuelto es propiedad del usuario, nadie tiene derecho de apoderarse de él. La regulación de las autoridades del transporte pretende legalizar un robo, pero tal extraordinaria disposición no permite salvar el enorme déficit de ética que implica. Los directivos del sector han abierto otra caja de Pandora con su desverguenza y falta de escrúpulos. Ya veremos qué sale de ahí.

PS. Pedro Campos hace una observación justa: este sistema contiene un elemento de autogestión por parte de los choferes de los ómnibus. Estamos de acuerdo, pero no en que las autoridades lo implementen a costa de los clientes. Las autoridades están “lavándose las manos como Poncio Pilatos”, y provocan que choferes y clientes queden enfrentados unos contra otros. Además de la falta de ética que representa esta actitud y la de la autorización a robar, se convalidan, en la práctica, una subida del precio del transporte en un 150%. Y no debemos olvidar que en la época no muy lejana de los metrobuses (“camellos”, en el argot habanero) había un sistema donde también los conductores recibían el dinero de la clientela en mano y daban el vuelto que fuera necesario, sin que hubiera necesariamente más moneda fraccionada en circulación.

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