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Por Eugenio Rodríguez Balari

Imprescindible y justa la protección al consumidor en Cuba: algunas consideraciones al respecto. II

Doctor Eugenio R. Balari

Recientemente he leído en el observatorio crítico un par de artículos sobre la necesidad de la protección de los consumidores en Cuba, donde además de ciertos análisis se hacen varias recomendaciones bien fundamentadas y positivas a mí parecer. Aprovecho la publicación de estos trabajos para incorporarme con sencillez al tema y brindar algunos comentarios complementarios e informaciones al respecto.

Los derechos de los consumidores hay que relacionarlos en el marco general de los históricos derechos humanos que surgieron en 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se refrendó en Paris por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la participación también de Cuba. Entrando más en el tema deseo expresar, que considero no solo factible, sino absolutamente necesaria la creación de una agencia o más bien una asociación de consumidores desde el seno de la sociedad civil en Cuba.

Desde mi percepción y conocimientos de la cuestión, valoro que es algo sencillamente imprescindible. La experiencia que acumulan las organizaciones de consumidores, las han llevado a desarrollar fundamentalmente: una labor educativa y de divulgación de los derechos de estos, a tramitar las quejas o conflictos ante la institución que corresponda, a apoyarlos, cuando así se justifiquen con las denuncias(directas o públicas) del caso, asesorándolos por vía legal para el resarcimiento tangible de su afectación, desarrollando una permanente misión fiscalizadora sobre el cumplimiento de la ley, así como de sus necesidad desde actualización o modificación. Y finalmente, actuando muchas veces como acompañante institucional, brindándole al consumidor apoyo ante su reclamación correspondiente.

Es indudable que los factores señalados representan importantes ventajas, que una organización de consumidores puede otorgarle a estos, porque en vez de actuar en solitario o desprotegidos, se encuentra respaldado por una institución reconocida que se proyecta de manera justa e imparcial ante su conflicto. Reseño con brevedad antes de proseguir mis comentarios, la experiencia de dos antecedentes autóctonos sobre el consumo y los consumidores, que desde el seno de la sociedad civil se han desarrollado en nuestro país y que vale la pena ahora poder considerar. Aunque ambos experiencias no poseen el alcance que la problemática actualmente requiere o deba poseer, pero no dejan de ser puntos de interés y referencia: Uno es de la década de los 80 cuando se creó la organización no gubernamental Asociación de Consumidores y Usuarios de Cuba (ACUC), integrada por un grupo de personas interesadas en el tema y que durante un tiempo se empeñaron en ampliar su membresía y tratar de promover una ley de protección al consumidor, partiendo de las experiencias internacionales que se conocían.

Lamentablemente aunque esta asociación se inscribió oficialmente ante el Ministerio de Justicia, poco pudo hacer en aquel entonces y gradualmente fue languideciendo hasta que se paralizaron definitivamente sus funciones. La otra experiencia tiene que ver con el trabajo realizado desde el seno de la 0NG Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre y su programa de Medio Ambiente y Consumo (FANJ). Desde la FANJ y en estrecha coordinación con el Centro de Estudios de la Administración Pública (CEAP) de la Universidad de la Habana, se ha llevado a cabo una positiva labor de capacitación y concientización ciudadana sobre la importancia de la defensa de los derechos de los consumidores. A través de ella se ha realizado una importante labor divulgativa y puesta en ejecución diversos proyectos de beneficio social, en escala experimental, que han ofrecidos resultados muy favorables .Lo comento porque ambas organizaciones surgieron del seno de la sociedad civil, e incluso ambas antes del inicio del proceso de actualización o de las reformas económicas y sociales que se llevan a cabo. Coincido no obstante en las vulnerabilidades del consumidor (que no son pocas) y es posible se acrecienten con las reformas en marcha, porque se expanden los intercambios de los consumidores con otros sectores que se desarrollan en la actualidad. Sin embargo conviene reiterar, que estas vulnerabilidades no son nuevas porque desde siempre las ha habido y es necesario proceder consecuentemente para evitarlas.

Comprendo que ahora ante el avance de los cambios que se introducen, pero con la cuasi generalidad aún de los monopolios comerciales del estado y el incipiente crecimiento de los sectores emergentes (privado y cooperativo), pueda aumentar la indefensión del consumidor, sus vulnerabilidades se acrecienten y los conflictos se hagan más versátiles y agudos .Hay que comprender que en cualquier sistema de que se trate, las estructuras monopólicas cuando actúan sobre el mercado y el consumo de la población, les imponen a las gentes sus productos, formas de ventas, calidades y precios. Lo que de hecho significa un tipo de dictadura o coyunda comercial, atípica, pero que no deja de serlo. Aparece aquello de lo tomas o lo dejas porque no tienes más remedio, lo aceptas o jódete. Siempre he pensado que a través del mercado y sus procedimientos operacionales (comercios y unidades de servicios), también se expresa la libertad de los individuos y la democracia social, porque se manifiesta la libertad de adquirir lo que se necesita, en el momento y lugar que se desea y al precio que le resulte a la persona más conveniente o atractivo y ello produce bienestar y satisfacción psíquica y fisiológica. Esta cuestión es también necesario acabar de valorarla en Cuba, porque es un positivo factor incluyente, de confianza, seguridad social y afianzamiento de la democracia participativa. Sobre este asunto es necesario detenerse y realizar un profundo ejercicio reflexivo, tomando en cuenta las circunstancias geográficas del país, las influencias que se originan desde el exterior, las necesidades acumuladas en la población y el carácter sistémico o de lógicos eslabonamientos con que debe organizarse y funcionar cualquier tipo de economía y sociedad. La anterior transición del país hacia un modelo de corte socialista (con independencia de su nivel de desarrollo, obstáculos originados, escaceses o limitaciones existentes y relaciones con el exterior); se orientó en forma generalizada y como método económico por el de una planificación centralizada, quedando el papel del mercado y las relaciones monetarias mercantiles, en lo fundamental considerablemente rezagados o subestimados. Ello definitivamente debe quedar atrás y rectificarse, equilibrando socialmente el papel de la planificación y el mercado, porque en definitiva ambos aspectos no son más que herramientas económicas para el desenvolvimiento de la sociedad y deben usarse de acuerdo a las circunstancias y conveniencias del país. Podemos agregar que habiendo pasado a manos del estado todas las unidades de producción, del comercio y los servicios, ello no propició el desarrollo de la mediana y pequeña empresa, ni de la competencia mercantil; determinando el surgimiento de factores monopólicos, tanto en la esfera productiva, del comercio, como de las importaciones y los servicios. Desde hace décadas aparecieron las grandes corporaciones o empresas del estado, las que monopolizaron las actividades del comercio minorista en precios convertibles o CUC, pero fundamentalmente con bienes de consumo importados o de ciertas producciones nacionales que cumplen los parámetros de calidad para ser ofertados en las mismas.

Al no existir la competencia comercial o el contrapeso necesario en la producción e importación, ni organizaciones de defensa de los consumidores; ello ha implicado que muchos productos de importación o de la producción doméstica, no cuenten con la mejor calidad y la indispensable correlación calidad/precio, sea inconsecuente y arbitraria. Ante la avalancha de críticas e insatisfacción sobre las ofertas y precios de estas tiendas, se hizo indispensable la necesidad de que esas instituciones crearan sus departamentos de protección al consumidor y divulgaran los derechos de estos a los clientes que adquirían sus productos.

Esos fueron los casos de CIMEX, TRD Caribe, la extinta CUBALSE, HABAGUANEX y ETECSA entre otras empresas nacionales. Sus esfuerzos en cierta medida se hicieron sentir peroCierto es que ahora, adicionalmente, con el crecimiento del sector privado y cooperativo deban surgir nuevos conflictos entre los consumidores y sus unidades comerciales. No obstante resulta un contrasentido y políticamente un criterio poco consistente, la idea de que fomentar nuevas organizaciones de la sociedad civil, en este caso para defender los derechos de los consumidores, pueda lesionar o subvertir el orden político/social existente del país. Desde una percepción lógica, objetiva y realista, es sencillamente esquemático, manipulador o ridículo este argumento, porque no se corresponde extrapolar ajenas y distantes experiencias que no resultan similares a las nuestras. Por el contrario creo que son instituciones necesarias, que complementan y fortalecen los derechos ciudadanos, ampliando y profundizando el espectro democrático de la sociedad y el país. Acaso la ANAP, la FMC, los CDR, la Asociación de Juristas o historiadores o la UPEC entre otras muchas, no son organizaciones surgidas del seno de la sociedad civil.

En Cuba está ampliamente organizada y es considerablemente versátil y comprometida con el país la sociedad civil, qué razón pueda existir para impedir ahora que surjan otras organizaciones, cuando las nuevas condiciones económicas y sociales así lo exigen o justifican.

La actualización del modelo por la que atraviesa la sociedad cubana, con sus cambios estructurales, requiere como han manifestado sus propios dirigentes un cambio de mentalidad, ello es imprescindible si se quiere conducir y lograr arribar a buen puerto el proyecto en marcha. Desde mi modesta percepción y entre otros aspectos, ello implicaría un mayor reconocimiento del papel del mercado y la urgente homogenización y modernidad del mismo (con todos sus atributos de eficiencia y modernización); así como lograr activar lo más posible las relaciones monetario/mercantiles, eliminar la doble moneda, brindar sólidos espacios a las actividades productivas, a las del comercio y los servicios en los llamados sectores emergentes (privados y cooperativos) y hacer productivas y eficientes a las empresas del estado. 0tras medidas convenientes serían: Las de organizar definitivamente los mercados mayoristas (con productos, calidades y precios que se correspondan a ese tipo de comercio),propiciar una necesaria y posible competencia en las esferas de la producción, el comercio y los servicios, de manera que los consumidores y usuarios del país se puedan beneficiar de tales circunstancias, pues la competencia en el mercado es una forma de apoyar al consumidor, dado que esta por lo general contribuye a reducir precios, mejorar y poder evaluar calidades y surtidos, innovar productos, propiciar otros bienes complementarios o suplementarios, u ofrecer mejores garantías comerciales a los consumidores.

Todo estos factores tan convenientes y necesarios, los obstaculiza e impide el abusivo monopolio productivo/comercial donde quiera que este se manifieste. Como por supuesto también lo esperaba, tiempo después de haber surgidas las llamadas tiendas recaudadoras de divisas (sistemas monopólicos estatales), se hicieron evidentes y considerablemente necesarias las acciones de la protección al consumidor. Sin embargo alrededor de ellas salieron a relucir diversas deficiencias, posiblemente consecuencias de la rigidez, uniformidad o el elevado contenido burocrático que caracteriza al comercio estatal.

Muchos consumidores que acuden a ellas por no tener más remedio que hacerlo, consideran que se manifiesta un alto grado de insensibilidad ante los clientes, que proliferan acciones de corrupción y existe gran divorcio o desidia con relación a la atención a los clientes. ¿Acaso ello no es evidente? Por eso las medidas efectuadas de protección al consumidor se ridiculizan, la gente no cree en ellas o se consideran insuficientes, poco efectivas o fuera de un contexto posible. No obstante esos esfuerzos no dejan de ser meritorios e importantes, aunque más que efectivos han jugado un papel de sensibilizar, dar a conocer, concientizar y formar gentes alrededor de este sensible y peliagudo asunto, pero algo imprescindible en nuestras circunstancias actuales. Porque algo es mucho mejor que nada. Sin embargo es necesario entender, que la problemática fundamental en que nos encontramos como país y sociedad, radica en otras necesarias cuestiones o medidas de acompañamiento más generales; como pueden ser otros posibles procesos de desestatización o de mayor descentralización económica, apoyar el crecimiento de los sectores emergentes y continuar racionalizando las múltiples regulaciones y trabas burocráticas que persisten o frenan las iniciativas, o los procedimientos naturales que deben fluir en las interrelaciones económicas entre todos los sectores del país.

Si las palabras no se las lleva el viento y se pronuncian con decisión y voluntad, es importante que se haya dicho, que todo lo que no funcione o no sea conveniente debe ser cambiado o sustituido.

Esperemos por el futuro de la patria, el mejoramiento de nuestra sociedad y la elevación de la calidad de vida de nuestro pueblo que así sea.

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