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Por José Jasán Nieves. Periodista cubano.

Una agencia de defensa de los derechos del consumidor manejada desde la sociedad civil es factible en Cuba. Así lo considera Arturo López Levy, uno de los analistas más comprometidos con el proceso de cambios en el archipiélago caribeño.

Las transformaciones en curso en Cuba son terreno fértil para que crezcan las vulneraciones de los derechos de los consumidores. Eso opina el investigador asociado y candidato a doctor de la Universidad de Denver, el cubanoamericano Arturo López Levy, quien es uno de los analistas más comprometidos con los derroteros de la actualidad en el archipiélago caribeño.

Hay prácticas y experiencias de ventas de productos vencidos o de baja calidad, falseamiento de precios, marcas, pesos y medidas, falta de garantías al comprador, ofertas de productos convoyados sin permitir la compra separada que califican como un atraco. Ese terreno fértil para la corrupción es fuente diaria de resentimiento e incertidumbre en la población que se siente burlada por un aparato económico que se supone existe para servirle, expresa en entrevista con Eltoque.com
Un problema perjudicial para las reformas ha sido la creación de nuevos monopolios estatales como las tiendas de recaudación de divisas en las que la competencia (?) y los contrapesos sociales son inexistentes. En esas empresas pululan los comportamientos predatorios contra los consumidores. Lamentablemente esa indefensión de los consumidores también ha permitido a actores en el sector
cuentapropista y cooperativo abusar de los mismos.

Por esa razón, insiste López Levy, resulta “urgente” la creación de una agencia de protección de los consumidores, con independencia de los mecanismos estatales, criterio con el cual se coloca junto a un número creciente de voces que desde la Isla piden la separación de los mecanismos de defensa de los usuarios de las empresas que prestan los servicios y que además deciden sobre las reclamaciones de sus propias deficiencias.

Dado el carácter transicional de la economía cubana actual existe el peligro de que los ganadores de reformas parciales congelen el proceso gradual de cambios para prolongar los momentos donde obtienen ganancias al arbitrar entre la economía estatal a reformar y los nuevos sectores que emergen, con diferentes sistemas de
administración, precios, etc. En la medida en que haya instituciones que protegen al consumidor la presión para redondear las reformas con transparencia, igualdad de oportunidades, competencia, control de la corrupción y otras externalidades positivas se acrecienta, expone.

ET: ¿Es factible un ente independiente que defienda los derechos del consumidor en Cuba?

ALL: Una agencia de defensa de los derechos del consumidor manejada desde la sociedad civil es factible dentro de un régimen de un solo partido. Hay fórmulas institucionales, aplicadas en otros países, que permiten garantizar su autonomía aún cuando sus fondos sean aprobados por la Asamblea Nacional. La clave está en entender que independiente no implica contrario al gobierno.

En la mayoría de los países, los conflictos de las agencias de defensa del consumidor son con empresas y autoridades locales, o con políticas específicas. Esas agencias no son agentes de cambio de gobierno, una tarea que se ubica en la sociedad política, sino de la sociedad civil, que representa intereses sectoriales, en este caso los del consumidor.

Hay una relación triangular clásica en la que para evitar conflicto de intereses, nadie debe ser juez y parte al mismo tiempo, ni las empresas del estado, locales o nacionales, ni los propietarios o trabajadores en los sectores cuentapropista o cooperativo. El triángulo tendría a esos sectores de un lado, el consumidor del otro, y la fundación o agencia de protección del consumidor como entidad encargada de monitorear y promover esa meta especifica ante los tribunales y la propia Asamblea nacional.

Es obvio que un tema sensible es la composición de esa agencia. Puede ser nombrada por la Asamblea Nacional a partir de candidaturas de economistas, abogados, periodistas u otros profesionales propuestos por organizaciones sociales y profesionales no partidistas ni controladas constitucionalmente por la rama ejecutiva.

Estoy hablando por ejemplo de las comunidades religiosas, los grupos de defensa del medio ambiente, la unión de economistas, de periodistas y de juristas. Esa organización podría recibir asesoramiento y financiamiento internacional previa aprobación por las Comisiones de asuntos económicos y de relaciones internacionales de la Asamblea. Sería un foro responsable y leal al país de información a los consumidores y debate público sobre formas de protegerlos.

Es obvio que tal organización sería un cambio importante en el actual ordenamiento legal cubano, pero es urgente concebirla creativamente en el marco de la reforma económica que está teniendo lugar. Las mejores experiencias de defensa del consumidor se refieren a agencias con marcada autonomía del gobierno y protegidas institucionalmente de las presiones políticas o financieras del momento. Los funcionarios de más alto rango en la fundación deben ser nombrados con reglas de empleo (6-7 años de empleo) que no los pongan a merced de presiones de las autoridades.

Una agencia útil en la Cuba que va naciendo

La transición a una economía mixta es antes que todo una
transformación institucional. Adoptar prácticas de mercado y dejar de estigmatizar la propiedad privada y la competencia son apenas el primer paso. Adoptar una economía más orientada al mercado no es una garantía para el desarrollo económico y la justicia social. Hay más de un centenar de economías de mercado disfuncionales. En ellas, unos pocos se aprovechan de la indefensión de los demás.

Es saludable que Cuba acompañe las prácticas de mercado con marcos legales e institucionales que no dejen a la mayoría de la población en una indefensión vergonzosa en razón de su primera identidad, la de consumidores.

Casi todas las economías de mercado tienen agencias o instituciones encargadas de proteger al consumidor con mayor o menor efectividad. Sería bueno que Cuba, como lo hizo en su momento Japón, Corea del Sur, Taiwán, y otros modelos desarrollistas exitosos, explore experiencias internacionales de cooperación estado-sociedad para razonar un marco institucional de justicia y protección social que acompañe a la reforma.

En una presentación que lamento haya molestado al bloguero cubano Iroel Sánchez, muy vinculado al enfoque ideológico leninista más tradicional, invoqué la experiencia taiwanesa de protección a los consumidores. Allí el régimen unipartidista del Kuomintang (KMT) realizó una transición exitosa a una economía de mercado regulada. A pesar de que se vivía un estado de emergencia, el KMT permitió formulas institucionales que ampliaron su legitimidad a partir de desarrollar la isla con equidad social y bienestar para sus
habitantes.

La fundación del consumidor taiwanesa también contó con líderes responsables focalizados en su meta sectorial, sin cruzar la línea entre monitoreo de sociedad civil y sociedad política opositora. Cuando Taiwán se transformó en una democracia pluralista, ese tipo de instituciones no-partidistas, como el movimiento ambientalista, fueron estabilizadores para una sociedad civil y política democráticas.

La propuesta del investigador configura un potencial escenario que necesita de impulsos y disposiciones en una sociedad donde todo lo “independiente” del gobierno genera recelos en sectores con poder decisorio. Pero conecta con una urgencia declarada cada vez más: toca reforzar el lado débil por donde siempre se rompe la soga.

El cubano emigrado a US Arturo López Levy es analista político y profesor de las universidades de Denver y Colorado.

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