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Por Rogelio Manuel Díaz Moreno

Prácticamente todo el mundo está al tanto de la prohibición de ingreso a las instalaciones del aeropuerto internacional José Martí, de la capital cubana, para los acompañantes de los viajeros. Al menos, de los cubanos acompañantes de los viajeros, porque me pregunto si alguien detiene a los extranjeros que se acercan por motivos semejantes de recibir o despedir a otra persona. El hecho es que hasta el director del aeropuerto salió, muy ufano, en el periódico oficial Granma, para dar una “explicación” de la impopular medida.

Lo que ha pasado mucha gente por alto, hasta el director de marras, es que con sus palabras se hace reo confeso de una de las más campantes violaciones de la legalidad constitucional cubana de los últimos tiempos. Puede que sea tan simple como que un ciudadano acuda a un bufete con la edición de ese día del periódico, y que entonces un tribunal se vea obligado a proceder legalmente contra el sujeto.

Ah, no solo con la edición del periódico. Nuestro hipotético ciudadano con preocupación cívica debe llevar también un ejemplar de la Constitución cubana, la vigente, aprobada en 1976, reformada en la década de 1990 y de nuevo a principios de siglo XXI. Habrá quien señale que es una Constitución abusada y violada a placer del gobierno cubano mismo, pero va y un tribunal despistado se la toma en serio.

Habrá que señalarle al tribunal, entonces, un artículo muy claro, clarito. Dice el artículo 43, que “el Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos”, sin distinciones discriminatorias, “tienen acceso”, según sus méritos a todos los cargos y empleos; ascienden a todos los cargos y jerarquías; van a todas las escuelas, instituciones de salud, y son atendidos en todos los restaurantes y demás establecimientos de servicio público.

Pues sí, compañeros y compañeras, dentro del área –hoy restringida– del aeropuerto internacional José Martí hay varios establecimientos gastronómicos y de venta de pacotillas que caen en esa clasificación. Y el director eliminó el acceso de los cubanos a estos sitios, sin dejar siquiera un pasillito de entrada y salida para salvaguardar el derecho que recoge la Constitución. Por lo tanto, este director es un enemigo del Estado que se compromete con respaldar ese derecho y es, este director, un contrarrevolucionario, porque le bloquea a los compatriotas derechos que se establecen conquistados por ese proceso de la Revolución del que se habla en la Carta Magna.

Es verdad que el que prohibió el acceso de los cubiches a los hoteles hace un tiempo, sigue libre y feliz. Como dije ahorita, una esperanza es que aparezca un tribunal de personas jóvenes que no se acuerden de aquella época, que crean todavía que la Constitución –y los derechos que ésta recoge– es parte de la patria que debemos defender, ya sea del imperialismo extranjero o de un déspota local con poder para hacer cosas como violar los dichosos derechos. Y a falta de ese tribunal, otro más grande aunque algo más lento, el de once millones de cubanos, le pasará la cuenta más tarde o más temprano.

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