Por Isbel Díaz Torres

Después de participar en el Congreso de la Asociación de Estudios de América latina, que sesionó en Chicago, EE.UU., el pasado 20 de junio, al arribar a la terminal 2 del Aeropuerto Internacional, fui recibido por la Seguridad del Estado que, a través de agentes de la Aduana, me despojaron de mi teléfono celular y otros bienes.

Por tres horas fui retenido en el aeropuerto, y todas mis pertenencias fueron minuciosamente revisadas. El principal interés fue puesto es todos los documentos que traía conmigo, y en todos los dispositivos electrónicos que pudieran almacenar información.

De tal modo, sin saber sus contenidos (y sin siquiera preguntarlo), fueron retenidos además de mi teléfono, con todos mis contactos personales y notas privadas, dos discos duros externos con sus respectivos cables, otros dos teléfonos celulares que traía de regalo a mi sobrino y mi novio,y una memoria SD con videos familiares.

Todos estos dispositivos fueron catalogados como de uso, por las mismas autoridades aduanales, las cantidades no rebasaban los límites establecidos por la Resolución 320/2011 para determinar el carácter comercial de las importaciones; y sus respectivos precios tampoco excedían el límite establecido en el Listado de Valoración publicado en la Resolución 312/2011.

Es evidente entonces que las mencionadas retenciones son producto de la arbitrariedad y el excesivo afán de control a que somos sometidos los cubanos y cubanas con posturas autónomas y críticas de la realidad sociopolítica del país.

La presencia en esta Terminal del teniente Coronel Omar de la Seguridad del Estado, quien entraba y salía libremente y contantemente del lugar, rebela que las motivaciones para este proceder fueron claramente políticas.

Para efectuar las mencionadas retenciones no fue ofrecida explicación alguna, más que el número de la Resolución aduanera que otorga plenos poderes a estos agentes para retener lo que ellos quieran. El contenido y alcance de tal Resolución tampoco me fue explicado.

Lo que si me fue explicado fueron los motivos por los que además confiscaron varios de los documentos que traía conmigo: “empañan la moral y costumbres del país”, según el Acta de Retención y Notificación. Los documentos en cuestión eran:

–          El antológico libro “El anarquismo en Cuba”, del historiador Frank Fernández, que el autor enviaba al Instituto Cubano de Antropología (como consta en la dedicatoria escrita por su puño y letra), pues supo que en esa institución existía un grupo de estudio del trabajo, y quería aportar sus investigaciones sobre el movimiento obrero y anarcosindicalista cubano.

–          La Carta pública del opositor Manuel Cuesta Morúa a la Asociación de Estudios Latinoamericanos, a la que tuvieron acceso todos los cubanos que acudieron este año al congreso de LASA.

–          Un hoja del periódico “El Nuevo Herald”, con parte de un artículo sobre la temática LGBTI en la isla, ilustrado con una foto de las Jornadas contra la homofobia, que anualmente organiza el Centro Nacional de Educación Sexual, bajo la dirección de Mariela Castro. Coincidentemente, en esa hoja venia también una foto de la bloguera opositora Yoani Sánchez, lo cual despertó de inmediato el interés del inspector de Aduana, quien catalogo al documento como propaganda anticubana sin haber leído el texto escrito.

El único contenido que puede referir a la moral y costumbres cubanas, es la foto de la jornada contra la homofobia, donde varias personas con coloridas plumas, cantan en un escenario cubano. Tal postura homofóbica debe ser repudiada por nuestra comunidad en la isla.

Denuncio este atropello y abuso de poder ante la comunidad internacional, y sepan que exigiré la inmediata devolución de mi teléfono celular y el resto de mis pertenencias, legalmente habidas.

No soy la primera persona que sufre este tipo de violencia, y probablemente no sea la última, mientras la policía política cubana siga teniendo las prerrogativas y privilegios que tienen.

Publicado en http://www.havanatimes.org/sp/?p=96797