Por Isbel Díaz Torres

Ha llegado a mis oídos, a través de algunas fuentes, que un miembro de la Seguridad del Estado cubana amenazó a una funcionaria del sistema de la Cultura en la isla, para impedirle que me empleara.

Debido al mísero salario que percibo (unos 14 CUC al mes), he estado buscando opciones para acogerme al sistema de pluriempleo, de modo que además de cumplir mis funciones actuales, pueda hacer algún otro trabajo que agregue una entrada más a mi economía doméstica.

No obstante, cada vez queda más claro que la policía política cubana, aunque quiera dar la imagen que tolera a algunos activistas, aún posee poderes suficientes para modular nuestras libertades y derechos arbitrariamente.

No importa si para eso tenga que mentir y dar órdenes a un funcionario civil, no subordinado al Ministerio del Interior.

La falta de transparencia de este Ministerio militar, la discrecionalidad con que dispone de sus asalariados, el misterio detrás de los presupuestos que manejan, y las prerrogativas que le brinda el Consejo de Ministros en cada Ley que emite, contradicen totalmente el llamado de Raúl Castro a “cambiar la mentalidad”.

No es que yo me creyera tal llamado, por supuesto, pero era de esperar que ellos sí.

Por otra parte, el Artículo 2 del Anteproyecto de Código de Trabajo (ese que fue aprobado en diciembre de 2013, y que aún en marzo de 2014, nadie ha visto en su forma final), asegura que:

“Toda mujer u hombre en condiciones de trabajar, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, religión, opinión política, origen nacional o social, y de cualquier otra lesiva a la dignidad humana, tiene derecho a obtener un empleo con el cual pueda contribuir a los fines de la sociedad y a la satisfacción de sus necesidades y las de su familia, atendiendo a las exigencias de la economía y a su elección”.

¿Pero quién dice que los asalariados del MININT se amilanan ante una Ley obrera?

Es significativa la desprotección que tenemos los trabajadores, e incluso los empleadores, cuando matrices político-ideológicas pretenden determinar el desempeño de un puesto de trabajo.

No es posible denunciar formalmente esta violación a mis derechos. No hay pruebas. Ellos saben cómo hacer las cosas para que no queden pruebas.

Pero si les soy sincero: no necesito pruebas. Esta verdad simple, cotidiana, de las carencias democráticas en Cuba, ya forma parte de la caracterización del sistema, lo reconozca o no un tribunal cubano o internacional.

Lo comparto con los lectores de Havana Times porque es mi deber ciudadano, y para que quede registro de ello.

Las víctimas del autoritarismo en Cuba, con posturas tanto de izquierda como de derecha, somos seres humanos. Eso es suficiente.

En cualquier caso, insistiré en mi búsqueda de otras fuentes de empleo (tanto estatales, como no estatales). Es mi derecho, y no renuncio a él.

No caeré en la archiconocida trampita del autoaislamiento, con que pretenden controlar a cualquier librepensador que camine por esta isla.

Escrito en HAVANA TIMES

Anuncios