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Por Carlos Ignacio Pino

Aquí abordaré otro tema que veo sensato meditar en él, al menos para pensar desde el disentimiento de izquierda. Establecía –en el trabajo anterior– las imparidades que se generaban porque el modelo (que vivimos) no se parece al modelo (que establece la Constitución de 1976) Puesto que es el Presidente quien gobierna, y no el pueblo a través de la Asamblea Nacional. Imparidades les llamaba, porque no casaban con nada, ni se concebía un sistema para el equilibrio. Que cuando la balanza social está de un solo lado se genera inmovilidad y desidia; y viceversa.

Eso lo sabíamos, lo vivíamos. Sin embargo, en el discurso formal, lanzado desde el Gobierno, durante tantos años se repitió lo contrario. Que casi todos nos creímos que el pueblo, nosotros, éramos los dueños de las fábricas, o de las escuelas, o de los hospitales… en fin que gobernábamos. Porque esa era la voluntad del Gobierno y porque estaba en la Constitución. Eso nunca fue así. Porque no era así como se vivía; y más que ciudadanos se nos exigía que fuéramos soldados de la Revolución, que cumplían órdenes sin discutir. La democracia es disentimiento o no. La posibilidad del disentimiento.

Luego, como la verdad emanaba del Estado bien intencionado, se podría entender que la forma era tan o más importante que el contenido, y el Estado –ya lo hemos dicho– gobernaba para bien de los trabajadores y trabajadoras, del pueblo en general.

Ahora bien, englobando todos estos postulados la racionalidad dejaba una árida verdad al descubierto: el Socialismo era una intención del Estado y no una forma diferente de organizar una sociedad. Lo cual es inaceptable, en cualquier plano de la existencia. Sustituir al patrón capitalista que gobernaba a los obreros por un patrón “socialista” –designado por el Estado– no existe la diferencia del método. Que como eje y para establecer la diferencia real entre capitalismo y socialismo, nos legara el bueno de Carlitos el Moro (también conocido como Carlos Marx)

Haciendo de arqueólogo, debo decir que incluso el mítico Che fallaba en comprender esto, y de un plumazo, como Ministro de Industrias, destruía toda la red de Sindicatos obreros del país. Argumentaba el rosarino que estos se oponían a la intensión del bien general del Estado. Lamentablemente ya se ha demostrado –mil y dos veces– que sin importar la buena intensión de este método y de las personas que lo defienden, no funciona. Porque es idealista, sin bases reales, y la moralidad revolucionaria no es suficiente para equilibrar un sistema que acumula mucho poder en un funcionario, que no depende de los de abajo. Así que los pueden ignorar. Y nos ignoran. Luego, como las personas piensan como viven (y cómo sobrevivir) terminan siempre estos funcionarios por acomodar la cabeza.

Aunque se puedan encontrar ejemplos que sí sirvieron, y el sistema los encuentra, y los ensalza, lo innegable es que la norma no funciona –y los métodos son para que funcione como norma, no en las excepciones. Por tanto, desde la sabiduría de abajo, las fábricas (escuelas, hospitales, cafeterías…) pueden que fueran del pueblo formal, pero no eran, ni son, del pueblo real que las trabajaba.

Pasado un tiempo de aquella ola estatalista que lo cubrió y encubrió todo, los socialistas cubanos –los de verdad– empezaron a exigir otros modelos de gestión para las llamadas empresas o fabricas socialistas. En algún momento decirlo de esa manera era muy sensato. Porque era muy complicado políticamente decir lo que todos ya sabíamos, que esas fábricas eran estatales no populares u obreras (y por lo mismo ineficientes económica, política y socialmente). Más. En estos tiempos, cuando refundamos el pensamiento de izquierdas en la isla, deberíamos llegar más allá. Exigir más. Sobre pasar, superar el tema de las formas, porque lo más importante, como siempre, es el contenido. Todos los centros de trabajo estatales deben ser manejadas por los obreros, y su directiva salida de ellos, y ratificada o eliminada por ellos, sin que nos importante tanto si formalmente son estatales o cooperativas, o autogestionadas. La batalla por la forma legal lo dejaría para momentos menos cruciales. Demasiadas veces parece esta el centro de las demandas de la izquierda nacional.

Razonemos que se pueden llamar Cooperativas a las UBPC, y no lo son porque no son autónomas. Porque no deciden ni que producen, ni a quien se lo venden, ni como reparten las ganancias. Y una infinidad de ni-nis que las condenaron por décadas a la inmovilidad, a la inviabilidad. Lo mismo, a mi entender, puede ocurrir con cualquiera de esas formas legales supuestamente más socialistas que las estatales, pues si estas no son gobernadas –de verdad– por los propios trabajadores y trabajadoras, entonces tampoco funcionaran. Se convertirán en formas capitalistas –o idealistas, que viene a ser lo mismo–, que no toman en cuenta el pensamiento o los intereses de los que allí laboran.

Luego el método capitalista de apropiación de la riqueza –aunque lo haga un Estado de intensión socialista– nunca es buena para nosotros, el pueblo. Porque ese método no sabe repartir sensatamente, ni organizar, ni representar, mucho menos reinventarse cuando sea preciso; y si alguna vez logra eficiencia, es a base de mejor explotación capitalista con látigo de mayoral, y no de sabiduría o conducción obrera; nada deseable veo en ello.

Para terminar, permítanme recordarles que de eso se trata el principio del Socialismo, de que los obreros tengan el control de la plusvalía que generan, para que teniendo independencia económica, la tengan también política; y que por ello puedan organizar la sociedad a su medida y en su necesidad. Pues los trabajadores y las trabajadoras, siempre serán más sensatos para mantener el equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre el apuro y la inmovilidad social, que cualquier otro grupo de poder por bien intencionado y grande o amplio que este sea.

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