Por Rogelio Manuel Díaz Moreno

Recientemente salió publicado en el medio Havana Times, para luego ser reproducido en nuestro propio sitio, el escrito de Alfredo Fernández, «Carta abierta a escritoras inconsecuentes». Varios miembros del Observatorio Crítico estimamos que nuestros lectores merecen conocer una respuesta a los criterios emitidos por el Sr. Fernández.

La idea central del material que aludimos es que ciertas personas, mujeres escritoras cubanas para más señas, adoptaron una actitud criticable; en primer lugar, por defender una sanción penal emitida contra el escritor Ángel Santiesteban, acusado de maltratos físicos a su esposa; y, en segundo lugar, por abstenerse de defender el derecho de la actriz Ana Luisa Rubio, que declara haber sido víctima de un abuso semejante por individuos a los que no se ha perseguido. Entre el grupo criticado, se encuentra una integrante de nuestro Observatorio, así que nos toca darnos por aludidos.

Sepa el Sr. Fernández que los miembros del Observatorio Crítico hemos hecho, del enfrentamiento a la violencia y todas las formas de abuso, uno de los emblemas más respetados en nuestro accionar. Cuando llega a nuestro conocimiento la noticia de uno de estos hechos lamentables, nuestra solidaridad se posiciona inexorablemente del lado de la víctima y nuestra condena se expresa, inequívoca, contra el agresor. Esto sucede independientemente de los colores políticos de las partes en conflicto pues, a diferencia de otras voces, consideramos que la justicia, legal y moral, no debe conocer de dobles raseros.

Independientemente de ello, en una sociedad opaca a la información como la cubana, con frecuencia es difícil conocer los hechos y los acontecimientos precisos. La versión oficialista se proyecta siempre en el polo opuesto a la de los grupos de la disidencia y la verdad se resiente de la ausencia de investigaciones independientes, confiables para el público. A título personal, considero que el Estado-gobierno cubano es el principal responsable de ese déficit informativo. Las razones de ello ahora no vienen al caso, pero terminan por arrojar grandes sospechas sobre las actitudes de este último. Sin embargo, las estrechas relaciones de algunos individuos de la oposición tradicional reveladas por Wikileaks con los poderes del gobierno estadounidense, también debilitan la credibilidad del bando opuesto. Con frecuencia, uno se elabora una interpretación mixta, guiado por la experiencia y el conocimiento de las capacidades de los dos polos.

El enfrentamiento a todas las manifestaciones de violencia prosperará en la medida en la que obliguemos a las autoridades a actuar con mayor transparencia. Con frecuencia será necesario enfocarse en casos particulares, el de árboles aislados, pero sin perder de vista el cuadro general, el del bosque. Una mayor transparencia en el caso de Ángel Santiesteban, por ejemplo, hubiera permitido la constatación de las declaraciones de la víctima, de los doctores que la atendieron, de si por fin los testigos que sí pero no. El criterio público podría formarse en base a algo más sólido y, quienes lo cuestionaran, quedarían como charlatanes. Hoy día, la verdad concreta la conocen solo algunos protagonistas más cercanos del hecho. Los demás, que se pronuncian en uno u otro sentido, lo hacen porque confían en los seres humanos que conocen o porque así les conviene por sus propios intereses, y su conciencia les juzgará.

En el caso de la actriz Ana Luisa Rubio existe la denuncia, por una parte, de la agresión de la que aquella habría sido víctima; y por otra, que las autoridades policiales dejaron sin investigar los hechos. Aunque hablo a título personal, reitero, puedo afirmar contundentemente que el criterio de todos los miembros del Observatorio Crítico es que todas las personas son titulares de derechos inalienables cuya protección, bajo los sistemas estatales actuales, es responsabilidad de las fuerzas del orden del gobierno que esté establecido. Independientemente de las filiaciones de la denunciante y de los denunciados, aquella tiene todo el derecho de exigir la investigación de los hechos en los que habría resultado tan lamentablemente agredida. La responsabilidad de llevarla a cabo, de manera exactamente igual a la que pondrían en práctica en el caso de cualquier otro ciudadano, cae sobre los agentes del orden. De fallar en este deber, aun cuando fuera falsa la versión de Ana Luisa, los agentes de la policía se harían cómplices de las actitudes de violencia y agresión física cometidas contra todas las personas indefensas, en cualquier lugar, vivienda, institución, en cualquier municipio, ciudad o escenario rural de nuestro país. Actitudes que merecen el repudio de todas las personas honestas y que, está demás decirlo, son fuertemente condenadas por todos los miembros del Observatorio Crítico.

Ni el disfraz de perseguido político disculpa actos delitos de este tipo, ni una posible condición de disidente de la víctima los vuelve menos graves. Una vez más, hay que repetir que las leyes de aplicación selectiva son meras herramientas del autoritarismo y de la ley del más fuerte, situación caótica y odiosa que todos debemos repudiar.

Los miembros del Observatorio respetamos profundamente estos preceptos. Nuestros propósitos abarcan tanto la defensa teórica y general de esta posición, como el manifestarnos en su defensa, en ocasiones puntuales de alguna significación que se ponen a nuestro alcance. En este proceso, procuramos alejarnos de parcialidades en su aplicación, como las que lastran y mucho las actuaciones de otros agentes.

La oposición a las agresiones y al ejercicio de la violencia contra seres indefensos es, para nosotros, una postura de principios, no un estandarte oportunista para servir agendas equívocas. Los sinsabores que ello nos asegura son asumidos por nosotros sin alegría, pero con orgullo. De esta suerte, contribuimos nuestro poquito a transformar el país en que hemos elegido quedarnos, trabajar, sufrir y amar, en pro de nosotros mismos, nuestros seres queridos y nuestros hermanos de toda la nación.