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Por Arturo López-Levy

En “What lies across the Water” (Del otro lado del mar”), su autor Stephen Kimber presenta una narración amena acerca de cómo cinco agentes cubanos terminaron en cárceles de Estados Unidos. Independiente de lo que usted piense sobre los Cinco, si quiere saber cómo su caso se inserta en la historia de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, debe leer el libro.

La combinación de narración y conocimiento histórico hace que el libro sirva para educar al público general acerca de las peculiaridades del caso de los Cinco. El libro es bienvenido porque clarifica cómo los que abogan por un nuevo juicio fuera de Miami o una solución política de este caso, no están interesados en dañar los intereses nacionales de Estados Unidos o tratar con irresponsabilidad un caso de espionaje en su territorio. Kimber critica al gobierno de EE.UU. pero lo hace con respeto, demostrando con hechos cómo la tolerancia a los grupos terroristas cubano-americanos de Miami constituye una desviación de la actitud de EE.UU. hacia ese flagelo.

En el caso de la comunidad cubano-americana, Kimber reconoce la complejidad de su historia, y la pluralidad de opiniones en su interior. Esto es cardinal porque cualquier estrategia política viable para cambiar la política de EE.UU. hacia Cuba debe reconocer la importancia de la comunidad cubano-americana en ese debate.

Terrorismo y Derecho Internacional:

Kimber aborda el tema de los Cinco desde la invocación no partidista al derecho internacional y la historia de las relaciones entre Cuba y EE.UU. El libro parte del repudio al terrorismo como arma política, independiente de la causa, el agravio o la identidad de la víctima o del agresor. Kimber no cae en el sofisma de que el “terrorista” para unos es “luchador por la libertad” de otros. Los actos de violencia de organizaciones irregulares contra civiles no combatientes siempre merecen la condena de toda la comunidad internacional.

El camino para promover la cooperación internacional antiterrorista es repudiar las inconsistencias y dobles raseros. Este es el marco adecuado para la construcción de buenas relaciones entre los países, sean débiles o fuertes, grandes o pequeños. A alguien puede gustarle o no el gobierno estadounidense, el cubano, el israelí o el gobierno de la India, pero es un hecho que los acuerdos internacionales, firmados por la inmensa mayoría de los estados, consideran que es ilegal entrar en el espacio aéreo de cualquier país sin su consentimiento. Todo estado considera la colocación de bombas en aviones civiles, en discotecas y en hoteles como acciones terroristas.

¿Cuál es la política apropiada hacia los terroristas según las normas legales internacionales? Independientemente de su nacionalidad o causa, los estados deben arrestar a los terroristas, juzgarlos, y si se resisten a su captura, matarlos. Los tratados internacionales también son explícitos acerca de la obligación, sin excusa alguna, de toda la comunidad de naciones para negar refugio, procesar y castigar a cualquier persona o grupo que se dedique a patrocinar el terrorismo.

Desde esos estándares del derecho internacional, Kimber discute la historia del uso del terrorismo por grupos anticastristas con base en los EE.UU. ¿Por qué el derecho internacional y la historia del conflicto entre Cuba y EE.UU. son importantes para la discusión del caso de los Cinco Cubanos?

En primer lugar, Kimber enmarca el proceso legal en contra de la Red Avispa en los 50 años de una política norteamericana de dobles estándares, con indultos presidenciales para terroristas como Orlando Bosch, y la complicidad de políticos locales y autoridades federales con violaciones graves de la Ley de Neutralidad por grupos cubanos del sur de Florida.

Según las revelaciones de Kimber, Hermanos al Rescate (HAR) y la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) tuvieron ramas terroristas e ilegales que actuaron paralelamente a sus actividades políticas pacificas. Se trata de grupos terroristas modernos al estilo de Hamas y Hezbollah, que realizan funciones humanitarias y políticas legales con una mano, mientras usan el terrorismo con la otra. Como en el caso del grupo Lakshaar e Taiba, responsable de los actos terroristas en Mumbai en 2008, con conexiones parlamentarias y ejecutivas en Pakistán, la FNCA y HAR cuentan con enlaces en el sistema político estadounidense de la FNCA y HAR, particularmente los legisladores cubano-americanos. Esos vínculos sirvieron para encubrir acciones terroristas contra la industria turística de Cuba durante la década de 1990’s y proteger las violaciones del espacio aéreo cubano por HAR de una acción drástica apropiada de las autoridades federales de aviación.

En segundo lugar, Kimber analiza cómo las asimetrías de poder entre Estados Unidos y Cuba generan diferencias en sus respectivas estrategias antiterroristas. Para Cuba, es más importante obligar a los EE.UU. y otras naciones a asumir la responsabilidad de hacer cumplir sus propias leyes antiterroristas, que la liquidación de un terrorista en particular, como Luis Posada Carriles. La propia renuencia de los Cinco a declararse culpables es parte de esa estrategia de diplomacia pública.

Al identificar esa estrategia cubana, Kimber corrobora en este libro lo afirmado por Roger Noriega a Dan Erikson en el libro de este último, “Las Guerras de Cuba”. Según Noriega, a quien es difícil acusar de simpatizante del gobierno de la Habana, es evidente que Cuba ha tenido varias oportunidades para matar o arrestar a Posada Carriles y no lo ha hecho. En lugar de matar a Posada, la seguridad cubana ha procurado prevenir los ataques terroristas con infiltración mientras induce acciones legales de otros países como Venezuela, Panamá, El Salvador y Estados Unidos contra los perpetradores.

La razón es clara: Cuba no puede diseñar una estrategia unilateral contra el terrorismo que imponga a otros países cumplir sus obligaciones internacionales. Es impensable que Cuba pueda lanzar una incursión en el territorio de otro país para matar a un terrorista de la forma en que Estados Unidos hizo con Osama Bin Laden o simplemente ofrecer una recompensa por su captura como Washington hizo con Hafiz Mohamed Saeed, el líder de Lahshkar e Taiba.

En lugar de medidas unilaterales, Cuba encarece el costo político para aquellos países no dispuestos a cooperar en su enfrentamiento a aquellos opositores que han optado por el terror. Es irónico pero el juicio a los Cinco ha acoplado exitosamente con la narrativa castrista de una Cuba en resistencia, desafiante frente a los dobles estándares legales aplicados a Cuba en EE.UU. Millones de artículos sobre las virtudes del estado de derecho estadounidense no pueden evitar un contraste: Los Cinco, condenados a largas condenas en un juicio discutido por Amnistía Internacional y el Grupo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias; Posada Carriles y Orlando Bosch liberados por el mismo sistema judicial.

En tercer lugar, el libro también relata la historia de los contactos secretos entre el gobierno cubano y la Administración Clinton. Hay un largo historial de alarmas cubanas a las autoridades estadounidenses sobre la amenaza a la seguridad de Cuba y al daño a los dos países que planteaba su tolerancia a los vuelos ilegales de Hermanos al Rescate sobre territorio cubano y a la preparación de atentados terroristas desde EE.UU. El libro describe cómo la Administración Federal de Aviación, el Departamento de Estado, e incluso Rick Nuccio, el asesor especial para Cuba en el Consejo de Seguridad Nacional, advirtieron muchas veces al gobierno de Clinton sobre cómo Hermanos al Rescate estaba llegando al “punto de no retorno “.

Kimber reproduce casi textualmente un informe del premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez sobre las reuniones con Richard Clarke and Mack McClarty en la Casa Blanca. Ambos funcionarios expresaron una clara necesidad de tomar medidas decisivas para hacer cumplir las leyes de Estados Unidos contra los terroristas y provocadores dentro del exilio cubano. Es escandaloso como varios informes de las autoridades estadounidenses “recomendaron” que se cumpliese la ley en un país de estado de derecho, donde se supone que las leyes son impersonales y que todos debemos acatarlas. Mas vergonzoso aun es como congresistas defendieron a violadores de la ley en lugar de a las agencias de seguridad encargadas de aplicarla.

El derecho a un juicio justo e imparcial.

Kimber clarifica como incluso si se acepta el argumento de que los dos aviones civiles derribados el 24 de febrero de 1996 se encontraban en aguas internacionales y que Cuba tomó la decisión equivocada teniendo en cuenta una posible mejoría de relaciones con la Administración Clinton (lo que es mi opinión), las pruebas para culpar a Gerardo Hernández por esa tragedia fatal son ambiguas o inexistentes. La fiscalía había llegado a la misma conclusión cuando trató de retirar la acusación de conspiración para cometer asesinato.

Este tema abre la discusión sobre la falta de imparcialidad del proceso judicial en Miami. El libro ofrece una bibliografía que incluye el informe de Americas Watch 1992 “Diálogo Peligroso”, documentando las amenazas a la libertad de expresión y las violaciones del estado de derecho dentro de la comunidad cubana en el exilio. La evidencia reciente de impunidad macartista que rodea a cualquier discusión sobre Cuba en el sur de Florida (Incendio en Airlines Brokers, acoso a Ozzie Guillen, manager de los Marlins, presiones sobre FIU para prevenir el juego por el 50 aniversario de Industriales, ataques de Radio Martí contra el Cardenal Ortega de la Iglesia Católica cubana, en abierta oposición a la política oficial estadounidense hacia la misma) confirma la recomendación del profesor Lisandro Pérez a favor de trasladar el proceso a otra jurisdicción pues la probabilidad de un juicio justo e imparcial para los Cinco en Miami fue cero.

Como cubano-americano que salió de Cuba en 2001 por discrepancias con el sistema comunista, valoro enormemente las garantías que ofrece la Constitución de los EE.UU. Cualquier persona acusada de un delito, tiene derecho a su día en la corte, y no en un juicio viciado, sino en un proceso justo e imparcial. Sería más fácil proteger a EE.UU físicamente con estándares más bajos pero dejaría de ser el lugar especial que es. No es típico de los estándares democráticos que el gobierno estadounidense por un lado instruya a sus fiscales y por el otro contrate a propagandistas de agitación, a la paga de Radio Martí, para movilizar a la opinión pública contra los acusados en los periódicos y la TV local.

Es obvio que EE.UU y la comunidad cubano-americana ya han pagado un costo alto por las irregularidades que la derecha exiliada impuso a este proceso. No hay que fetichizar la consistencia, algo imposible en política exterior, para entender que es difícil para EE.UU invocar la decisión del Grupo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias en el caso de Alan Gross, mientras se presta oídos sordos a las críticas del mismo órgano con respecto al caso de los Cinco. Al sugerir una postura rígida a la Administración Obama, en la que nada referido al proceso de los Cinco se puede cuestionar, la derecha exiliada dificulta las gestiones del departamento de estado por la liberación del ciudadano estadounidense. Para bien de la democracia estadounidense, de las relaciones entre Cuba y EE.UU, y del prestigio de la propia comunidad cubano-americana sería justo y conveniente que el caso se abra en sus propios méritos, trasladado a otra jurisdicción.

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