Por Carlos Ignacio Pino Díaz

Tema para un disentimiento más sensato, que es necesario y aprovechando pensar diferente está ahora permitido. Lo primero –en mi opinión– sería luchar por un modelo que nos permita luchar. Para lo cual habría que entender que vivimos en una situación que no se representa a sí misma. Me explico. Se supone –y así lo dice la Constitución en su tercer artículo– que el Órgano supremo del país es la Asamblea Nacional del Poder Popular, y a través de este el pueblo ejerce la soberanía. Y tiene sentido, la Constitución, porque las personas que allí están, han sido electas por voto secreto y directo de la población –aunque la forma de elegir y promover candidatos pueda ser cuestionable.

Para las personas que vivimos en Cuba –y son a ellas y a ellos a quienes me dirijo– nos es demasiado habitual que el Gobierno haga declaraciones, en la figura del Presidente o de un ministro, de para dónde vamos (y cuándo, y cómo) Declaraciones que luego la AN santificará automáticamente. Y a los delegados que salen en TV, se les ve argumentando fervientemente a favor de las propuestas del Gobierno. Preocupante, y significativa circunstancia, pues jamás vemos a alguien haciendo, al menos, de abogado del diablo… (Preguntándose si este camino es el adecuado, o si la forma de recorrerlo es la apropiada; por solo sugerir algún ejemplo).

Por otra parte habría que preguntarse cómo es posible que un Ministro –uno cualquiera o una cualquiera– pueda tomar decisiones, poner decretos u otras disposiciones que condicionen y restrinjan la vida del país y que lesionan los derechos ciudadanos o las formas constitucionales. Cuando esas personas no son electas por voto popular. Además, sabiendo como sabemos, que su permanencia en estos cargos puede muy bien ser venática, y que por lo mismo, esos ministros o ministras, no responden hacia abajo, hacia nosotros –el pueblo–, sino hacia arriba. Que son quienes los nombran y los desnombran.

Con estos razonamientos demos por demostrado que en el país gobiernan los presidentes y sus ministros, y no es la ANPP quien ejerce la soberanía. Claro, también sabemos que pueden impugnarnos estos razonamientos con algunas excepciones, que las hay: pero el centro de este trabajo es otro y no llenar miles de cuartillas de una enciclopedia de generalidades.

Ahora bien, establecido quien gobierna en la isla, arribamos a una situación bien impar, porque no casa con nada, ni se concibe un mecanismo para el equilibrio. Mas cuando Raúl Castro, nuestro actual Presidente, dice con orgullo patrio que nuestra Constitución fue aprobada con más del 98% de los votos, números que muy pocos, si acaso alguno, de esos países demócratas del primer mundo pueden presentar. Sin embargo, a nuestro martiano entender, la Constitución sería ara, no pedestal. Y el Presidente de la República también estaría sujeto a ella y en el deber de hacer que sus ministros la cumplan ¿O será acaso esta una ley que solo los demás debemos cumplir?

Para que el modelo (que vivimos) se parezca al modelo (que el Gobierno propuso y el nosotros –el pueblo– de aquella época aceptó), debería cumplirse lo allí escrito. Porque las constituciones se escriben para cumplirlas, no para cumplirlas cuando me conviene. Porque, además, este continuado negar del modelo, desde las más altas instituciones del país, crea situaciones bien torcidas para nosotros –el pueblo. Torcidas en lo político y social porque no existe cadena de transmisión de abajo a arriba, y para el caso de que el mensaje llegue –aunque no hay forma de verificar esto–, habitualmente no responden. Y la mejor demostración de la inoperancia del sistema fue la necesidad de asambleas públicas, hace unos años, donde se plantearan los errores del Gobierno y sus posibles soluciones. Reafirmo, demostración de inoperancia o estas hubieran sido innecesarias. Y las formas de gobernar hoy se asemejan a las que provocaron esa necesidad.

Tocando el aspecto legal de esta rara situación en que vivimos, como todos los ministros pueden legislar, hoy por hoy no existe un lugar donde uno pueda saber –como ciudadano que es de esta sociedad– cuáles son sus derechos y deberes. Porque no bastaría el legajo más actualizado de Gacetas Oficiales. Reunir de forma ordenada todas las otras disposiciones sería el compendio imposible o un trabajo digno de un Hércules burocrático. Nos cubre una maraña legal, más tupida y pegajosa que una tela de araña milenaria, y se hace imposible, a la persona común, saber porque lado de la acera es legal caminar. Por ejemplo, para que el Estado pudiera re-otorgarnos el derecho a comprar y vender nuestro propio auto, hubo que quitar más de 100 (¡CIEN!) disposiciones legales –ilegales, diría yo– que confirmaban la negación de este derecho o se apoyaban en él para ejercer otros controles. Eso es una barbaridad –y no es solo un adjetivo, el caos, aunque esté legislado sigue siendo barbárico.

Otra de las situaciones que este funcionar crea es, por ejemplo, que si en verdad hubiera gobernado la ANPP, el tema migratorio hubiera estado en discusión y resuelto décadas atrás. Porque a nosotros –el pueblo– nos interesaba. Aunque esto es hoy un tema superado, lo es por interés momentáneo del Gobierno. Mas la perseverancia de este sistema impar hace que hoy siguán existiendo temas en los cuales los ciudadanos comunes no pueden indagar, mucho menos opinar. Como lo es el tema del cable de INTERNET, donde los ministros y viceministros encargados de las Comunicaciones del país no tienen ningún reparo en mentir u ocultar información al pueblo, o peor, pues deciden, sin consultarnos, que uso se le dará a este bien público. No es legal, ni moral, ni revolucionario, que el Gobierno tome esas decisiones sin un adecuado debate social. Y ahora que lo empiezan a poner a disposición de la gente, sigue siendo inmoral la demora, y mucho más los precios.

Como indígnate es que el viceministro de comunicación diga, a toda página central de Granma, que el mercado no regulará el acceso al conocimiento. Cuando a casi cinco CUC la hora de conexión es evidente que el mercado –o el Gobierno/monopolio– SÍ regula el acceso a Internet. Tampoco me satisface que esas palabras implicara la demonización del mercado, porque idealista es esa concepción, mas no marxista (ni siquiera leninista) sin embargo dejemos esos temas para futuras palabras, volvamos al cause que era la legalidad de la ley.

Porque las mismas marañas o madejas legales también permiten que un funcionario de la Aduana se pueda tomar atribuciones que violan la Constitución –y que haga una enmienda local en su autoritaria concepción del bien, o de la seguridad nacional–, para no dejar pasar alguna publicación que consideran hoy subversivos, como en su momento también lo fueron considerados los equipos de video Betamax o VHS, que luego actualizaron al CD, al DVD.

Situaciones estas, como un montón más que todos conocemos, que se dan cotidianamente y que se aprovechan, también cotidianamente, por un grupo de personas que se saben inmunes, intocables, y sobre todo, incuestionables por la ciudadanía o por la Asamblea Nacional.

En mi opinión aplicar la Constitución es la única forma de arreglar gran parte de estas situaciones tan impares –tan solteronas de razón popular–, y dar a este país de la institucionalidad necesaria, la constitucionalidad necesaria. Es cierto que mucho de esto que digo también lo plantea el Presidente y sin embargo es un hecho que no acaba de nacer. Y ese es el camino para mayor democracia del pueblo mucho necesitamos en la isla. Pero de todo esto el primer paso siempre debe ser del propio Presidente –y de su equipo–, que acepten que solo se puede y se debe gobernar obedeciendo a la Asamblea Nacional, y esta obedeciendo al pueblo, o todo lo demás resulta mentira.

Sí, es así de simple, porque si el núcleo de un modelo es mentira el resto será solo maquillaje. Maquillaje, que aunque sea bien intencionado, solo encubre el hecho de que alguien cree que sabe mejor que el pueblo lo que el pueblo necesita. Maquillaje que también explica la apatía de mi gente, que no se siente representada, ni empoderada, por la Asamblea Nacional, mucho menos en otro organismo gubernamental.

El pueblo y la revolución no necesitan de un héroe que los salve, necesitamos de un modelo que nos permita salvar y reconstruirnos por nosotros mismos, y por nuestros propios esfuerzos. Revolucionario solo puede ser el Gobierno del pueblo.

Luchemos para que el modelo se parezca al modelo, para que salvarnos –por el pueblo y para el pueblo– sea posible.