Por Hiram Hernández Castro

I.

Reunidos en el Laboratorio Casa Cuba (LCC) un grupo de intelectuales, de disímiles procedencias ideológicas, consensuaron un corolario de conceptos, fines y aspiraciones, concernientes al orden social y político cubano.

El documento «Cuba soñada–Cuba posible–Cuba futura»[1] propone mirar la Cuba presente desde un «catalejo» de principios republicanos, pluralistas y democráticos. Desde el pluralismo se compromete con incorporar en el debate público el mayor número de opiniones sobre la buena sociedad posible. Desde la democracia identifica los derechos de plena ciudadanía con el empoderamiento de los sectores subalternos y desfavorecidos. Desde el republicanismo asume un robusto concepto de libertad positiva, esto es, la participación de todos en la cosa pública: el autogobierno ciudadano.

Sus autores, en tanto intelectuales, asumen la función «normal» de intervenir, proponer y exponerse en la «república de las letras». Como ciudadanos cumplen con el deber de anhelar la invención de «un país republicano nuestro, sin miedo canijo de unos a la expresión saludable de todas las ideas y el empleo honrado de todas las energías».[2]

El documento articula «para ser estudiadas y debatidas públicamente» veintitrés propuestas sobre el orden político y social cubano. Su pretensión es diáfana: a la actualización del modelo económico le es concomitante una actualización del modelo de república. Lo «excepcional» es su aspiración a superar los marcos intelectuales para ─mediante su traducción al lenguaje público─ someter propuestas horizontales a la deliberación ciudadana.

Un análisis crítico del texto en sí supondría relacionarlo con el conjunto de la obra intelectual (investigativa, ensayística, activista, pedagógica y editorial) de sus autores, para reconocer los consensos. Un análisis de sus circunstancias entrañaría examinar la eventualidad de existir sólo en el espacio mediado por las nuevas tecnologías de la información, donde un texto consensuado entre algunos para ser deliberado por todos permanece en constreñimiento comunicativo entre algunos y algunos. Este comentario retine ambas ideas, pero se hace la pregunta por otro lugar: ¿cuán importante puede ser deliberar este tipo de documento más allá de las cabezas de algunos académicos e intelectuales?

II.

Sería equívoco asumir una traducción liberal de los instrumentos propuestos por LCC «para afianzar la República». «Cuba soñada…» se inserta en la tradición republicana. En Cuba, el republicanismo no es una moda académica ni el nuevo misterio revelado. Fue el ideal político que enfrentó al rey español y arengó un ejército semidesnudo con la promesa de una república independiente, sin esclavos ni súbditos. Sus principios aparecen en la pluma de pensadores como Félix Várela, José Martí y Raúl Roa, pero también en la memoria histórica del activismo cívico-popular cubano.

Apuntar a la tradición republicana significa tomar distancia del liberalismo. Lo que puede argumentarse, entre otras razones, porque el republicanismo asume un ideal de libertad muy diferente al proclamado por el liberalismo doctrinario. Los ciudadanos antiguos ─diría un liberal─ buscaron su libertad en el ágora pública y los modernos liberales en el ámbito privado. De ahí que al liberalismo le interese promulgar un concepto de libertad fundado en no ser interferido en la esfera privada. Algo así como: «soy libre si no soy interferido por los otros» o «no necesito ser libre para hacer política, sino para establecer la medida en que debo ser gobernado por ella».

El liberalismo doctrinario define la libertad con no interferencia, el republicanismo la reconoce en la ausencia de dominación. La libertad republicana está ligada al autogobierno y la preocupación por el bien público. La posibilidad de gobernarse a sí mismo implica: la libertad de participar en las decisiones públicas que afectan la propia vida. El ideal de libertad republicana rechaza la indiferencia liberal frente al dominium en los ámbitos familiares, laborales y culturales; y reconoce que la República puede y debe interferir la vida de los individuos para no formalizar su condición de libertad, igualdad y autonomía política. Para ello, se debe implementar mecanismos públicos de interferencia, no arbitrarios, que impidan que sujetos potencialmente vulnerables queden sometidos a la dominación.

Nunca la soberanía fue otorgada a los ciudadanos como un regalo de reyes. El ideal de libertad como ausencia de dominación exige impedir la mera posibilidad del ejercicio discre­cional y arbitrario del poder. Se trata de reforzar que los ciudadanos deseen y puedan intervenir en el debate y elaboración de decisiones que afectan sus vidas. Así, los derechos que definen la ciudadanía no se interpretan como protección ante la política, sino para participar positivamente en su proceso de constitución.

Una república democrática y pluralista deberá ser deliberativa si quiere ser justa. El valor se origina en el principio de que la verdad ni se posee ni se negocia, debemos buscarla atendiendo a razones que reconocen la secularización, la autonomía y la transparencia. La deliberación instituye un foro para la toma de decisiones basadas en una discusión pública entre ciudadanos libres e iguales. Su legitimidad pertenece al ejercicio de la soberanía, esto es, constituir la política, la ley y la propiedad desde la praxis ciudadana.

Se puede deliberar en el parlamento, el municipio, la empresa, la Universidad, el barrio o los vecinos de un edificio. Se obtiene su beneficio cuando una comunidad logra aclararse sobre lo que quiere llegar a ser y decidir sobre sus normas para hacerlo. Se delibera si los argumentos expuestos se basan en criterios universales, a saber, aquello que cualquier persona razonable podría aceptar porque no humillan ni socavan su dignidad. Se delibera para extirparnos la dominación colonizada, de clase, color, sexo, edad. Se delibera sobre «las cosas ásperas y materiales sin las cuales no existen las finas y espirituales». Se delibera para comprometernos todos en cómo hacer y cómo verificar que ningún ciudadano quede desamparado.

La deliberación debe servir para transformar las propuestas de uno o un grupo de ciudadanos y mejorarlas. Todo lo que viene a decir que la legitimidad de una decisión política deriva de su posibilidad de ser amplia y extensamente discutida según diversos saberes, deseos, intereses e interpretaciones del bien público. Una propuesta puede ser rechazada o parcialmente aceptada por el foro democrático. Si determinado grupo o parte de la sociedad insiste en que sólo el cumplimiento de sus deseos legítima la república estaría rechazando el sentido de la deliberación y la democracia.

Lo apuntado hasta aquí puede importar mucho o muy poco, pues forma parte de lo que la academia denomina «teoría normativa» o discursos con pretensiones de validez sobre el beneficio de vivir en una sociedad más justa. Por ello, al leer «Cuba soñada…», más que pensar en lo que no dice o dice de manera incompleta o desacertada me preocupó el dilema de la carreta y los bueyes. ¿Se necesita esa Cuba soñada para deliberar con todos su propuesta? De tal suerte, no hay mejor forma de enfrentar una angustia que elevar su argumento al absurdo: ¿podemos vivir en una Cuba presente en la que no sea considerado virtuoso deliberar su futuro?

III.

El orden de un Estado, afirma Kant, siempre tiene solución aunque se trate de un pueblo de demonios, basta con que posean entendimiento; a lo que debemos agregar que se precisa robustecer la virtud cívica. El republicanismo toma muy en serio «la utilidad de la virtud».

En la tradición republicana el concepto «virtud» tiene larga data. Tanto en la politeia griega como en la República romana la virtú ─alusión a la virilidad masculina─ apuntaba a la capacidad económica de pertrecharse de armas para asistir al ejército. Los que no tenían dinero para comprar armas y sólo tenían prole como único bien eran llamados «proletarios». El republicanismo oligárquico estableció que sólo aquellos que podían «vivir de lo suyo» eran virtuosos y podían ser considerados ciudadanos plenos. Los republicanos democráticos reconocieron esa máxima, pero agregaron: «entonces todos deben poder vivir de lo suyo». La virtud republicana no se dictamina a partir de una prédica moral edificante, sino sobre condiciones de vida material garantizada en el seno de una colectividad ciudadana. Se trata de instituir la independencia socioeconómica como única forma de no separar al ciudadano político del sujeto corpóreo (literalmente sujetado a la vida).

Una imagen conocida de la virtud republicana sería la del niño que en el cuento de Cristian Andersen le grita al rey que va desnudo. Existen virtudes necesarias al ejercicio democrático de la ciudadanía como el decoro y la honradez, pero en ocasiones las personas, incluso para sobrevivir, se ven obligadas a actuar contra sus propios valores.

De ahí el interés en reiterar ─desde la clásica tradición republicana─ que no es libre ni virtuoso aquel que no vive de lo suyo. Se trata ─en traducción socialista─ de establecer el control democrático sobre todas las fases del proceso de producción. Socializar la propiedad significa deliberación y control ciudadano sobre los medios y sentidos de la producción. Los medios: deberán evitar que salga de la ciudadanía las riquezas que a ella pertenecen. El objetivo: garantizar a todos y cada uno de los ciudadanos bienes vitales como la libertad, la igualdad y la independencia. Socializar el poder y la propiedad es organizarse en una economía democrática para la vida de todos los ciudadanos y no para el libre mercado de algunos.

Sería difícil negarle a esta declaración su convicción socialista, pero también es un documento «conservador». Lo primero, insisto, porque se trata de empoderar a la ciudadanía con instrumentos para impedir que intrigantes y mercaderes gobiernen conforme a sus propios deseos. Lo segundo, porque invoca a la génesis de una patria: fundar en el bien común mejores maneras de vivir juntos. No encuentro, en el punto actual de su redacción y confiando en que su intención no fue exhaustiva, ningún concepto que impugne la reciprocidad de ambas convicciones o las posibilidades de su desarrollo mediante la deliberación pública.

Por ello, si me precisaran definir el valor esencial de «Cuba soñada–Cuba posible–Cuba futura…» diría que es un evento virtuoso, y no por decir poco. Existen demasiadas formas no virtuosas de hacer política. Sus autores se la tienen que ver con argucias mediáticas que identifican su empeño con grupos de presión de muy distinto signo, contenidos y métodos. Los «laboratoristas» han asumido la virtuosa aspiración de insertar en la esfera pública cubana una pregunta que sólo es si persevera: ¿cómo prohibimos la dominación?

Dar respuesta «con todos y para el bien de todos» es el mandato de nuestra Constitución. Para los autores del documento todos significa literalmente todos los ciudadanos. Pero los cubanos sabemos que una regla para ser verdadera tiene su excepción. En una república democrática la excepción de todos debería inquietar a los sujetos interesados en negarle a la ciudadanía las condiciones necesarias para organizarse, proponer, deliberar y decidir lo que es de pública utilidad.

La Habana, abril 2013

· [1] Laboratorio Casa Cuba, «-Cuba soñada-Cuba posible-Cuba futura: propuestas para nuestro porvenir inmediato», Espacio Laical, n. 226, marzo de 2013, www.espaciolaical.org/contens/esp/sd_226.pdf.

· [2] José Martí, “Con todos y para el bien de todos”, Obras Completas, T. 1, Ed. LEX, La Habana, Cuba, 1946, p. 701.

Publicado en La Cosa

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