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Por Ovidio D´Angelo Hernández

Creo que se trata de un documento seminal, integrador, consensual. Los 5 principios son claves para un entendimiento nacional desde diversas posiciones sociopolíticas que estén interesadas en el desarrollo del país por una vía de progreso, justicia social, equidad y solidaridad humana.

La unidad necesaria para nuestro desarrollo social y económico ha de basarse en la diversidad y el diálogo constructivo, en la construcción de bases esenciales que nos incluyan a todos los de buena voluntad en el servicio a la Patria. Por eso me parece un documento esencial en la búsqueda del consenso necesario, inclusivo a todos los sectores patrióticos del país.

Los “Instrumentos” planteados para una República con soberanía del pueblo real y garantía de su participación y justicia social en todos sus espacios son de una importancia clave y constituyen bases imprescindibles para avanzar en la organización de un Estado de derecho moderno, plural y participativo, a tono con las realidades jurídicas y sociales que se diseñan en países socialmente avanzados en estas materias en el mundo y, particularmente, con posibilidad de aprovechamiento del nuevo constitucionalismo latinoamericano y de otras realidades participativas en diversos contextos.

Me sumo, decididamente, a la propuesta acogedora de posibles y diversas plataformas políticas concretas que fertilicen o defiendan posiciones generales afines a las planteadas en el documento.

Una de las cuestiones claves, sin embargo, de nuestra realidad nacional actual, creo que pasa por las dimensiones socioeconómica y espiritual de la población –si bien subordinadas, a mi modo de ver, a la concepción de país y de República, de un Estado de Derecho que los garantice-. No obstante aparecer insinuadas o brevemente planteadas, creo que hay muchas cuestiones concretas que podrían ser objeto de consenso en este momento, desde la diversidad.

Por ejemplo, no bastan las buenas intenciones de lograr un salario justo o ingresos adecuados. Es preciso que se elabore un diseño de la participación financiera de diversas instituciones internacionales y nacionales en la conformación de un Proyecto de Desarrollo viable, en plazos cortos y efectivos.

Ello se lograría con la apertura, regulada y compartida con el Estado o de manera privada (nacional y extranjera), de inversiones productivas, creadoras de empleo y equitatividad en los ingresos y participación de los trabajadores, con la apertura a la creación interna decidida de formas colaborativas de producción y acceso a fondos internacionales y nacionales, con mecanismos de mercado imprescindibles, dejando al Estado el papel regulador y no constrictor de estas posibilidades.

La creencia legitimada estatalmente de que sólo podremos acceder a mejores ingresos y calidad de vida a partir de elevar la producción (consigna histórica de por sí inviable, puesto que constituye un fenómeno complejo y multifactorial), debe ser replanteada con la creación de una Visión estratégica de desarrollo nacional, consensuada con la población. Los Lineamientos del Partido se quedan cortos, en general, o bien son contradictorios o limitados y ambiguos, en alguna medida, sobre estos aspectos.

Por otra parte, la apuesta a experimentos sociales y económicos (tan necesarios) se realiza con una visión de mediano y largo plazo que gravita sobre el deterioro del estado espiritual de decepción, desánimo e incertidumbre, de la población, reforzando los mecanismos de acción de supervivencia en la economía ilegal-sumergida, que están ocasionando –a falta de decisiones más inclusivas, retadoras y creativas- un empobrecimiento y distorsión de los valores humanos más elementales. Esta cultura de la supervivencia a toda costa y por cualquier medio puede constituir un hándicap extraordinario y de consecuencias muy negativas a cualquier proyecto de desarrollo propuesto, porque queda instalada en las prácticas y el inconsciente de la población como las vías de obtención de los medios de vida fuera de cualquier regulación social. Cada día que pasa sin que se resuelvan los problemas inmediatos materiales –con consecuencias espirituales de resonancia- afianzan la hipoteca del presente y del futuro hacia un estado de cosas que puede llegar a dirigirnos hacia la entrega nacional de la soberanía social, económica y política.

El documento Casa Cuba merecería ser considerado, públicamente por todos los sectores de pensamiento del país, y por los “decisores” que puedan abrirse a propuestas sustanciales de mejoramiento y progreso del país.

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