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Por Ovidio D´Angelo Hernández

Ovidio D’Angelo Hernández y Ramón García Guerra durante panel sobre Democracia

El tema de la gestión del Poder Popular, a todos los niveles – a propósito de los procesos eleccionarios que se están llevando a cabo-, constituye un asunto vital del ejercicio de la vida política del país. Recientemente, han aparecido en Cartas a la Redacción del periódico Granma algunos comentarios interesantes al respecto.

Con relación a las opiniones de A. Galindo y D. Morales del 5 y 26 de octubre, y de J. Fundora, R. Pérez y D. Cárdenas, del 2 de noviembre –avalados algunos por su experiencia directa en el ejercicio de la función de delegados populares-, considero que están abordando uno de los más sensibles temas de nuestra realidad sociopolítica, del que depende, en parte, el real funcionamiento democrático, participativo y protagónico de nuestra sociedad, para poder llegar a tener nuestro pueblo un rol decisorio y controlador en la política y la gestión estatal.

Aunque muchas veces se asume, de manera oficial, que tenemos un Poder Popular suficientemente efectivo y democrático, lo cierto es que su funcionamiento y sus bases fundantes, debemos mantenerlas en revisión constante, a la luz de los nuevos tiempos y de las nuevas visiones y necesidades ciudadanas.

Como dice R. Pérez, “no podemos considerar que el sistema electoral cubano ha llegado a su plena maduración”, lo cual vale para las funciones de gobierno a todos los niveles y, como el señala, respecto a la función de los delegados, como una figura central.

Comparto todas las inquietudes y propuestas. En mi caso, hablo desde mis propias experiencias en la participación de los distintos momentos de convocatoria popular. Me voy a referir a cuestiones que considero están en la base de ellas y hacia las que deberíamos mirar de manera desprejuiciada para elevar el Poder Popular a la altura que requieren estos tiempos:

1-  Hay una cuestión esencial de visibilidad que debe rescatarse. Salvo en poblaciones pequeñas, es muy probable que los ciudadanos no conozcan, realmente quienes son los miembros de la Asamblea Municipal, ni las funciones que realizan. Esto queda oscurecido en los canales institucionales y por el estilo de trabajo “interno”, de manera que se desconoce la proyección de tareas municipales y como los reclamos de la población están siendo colocados en la agenda, por lo que la población se puede sentir ajena de los actos de gobierno local.

2-  Si esto es así al nivel local, ¿Qué puede esperarse a nivel provincial y de la Asamblea Nacional?. Sólo hay cierta información de las comisiones de trabajo de esta última en los dos períodos anuales en que se reúnen, con agendas previamente definidas desde ese nivel, con escasa posibilidad de pronunciamiento popular sobre los temas a debate.

3-  De igual manera, los CAM y los Consejos Populares se reúnen solo con los delegados y organizaciones sociales, pero generalmente sin conocimiento de la población –que, a veces, es sólo parcialmente informada por los delegados de algunos asuntos en las asambleas de rendición de cuentas- y sin la posibilidad de asistir y participar en sus acciones de gobierno; de realizarse esto, se propiciaría un mayor sentido protagónico, de responsabilidad y compromiso ciudadano.

4-  En efecto, el delegado, sobrecargado muchas veces y sin perspectiva de ejercer el Poder real, se convierte en un tramitador. El Consejo Popular, frecuentemente, está igualmente ajeno al contacto popular directo y se relaciona con las organizaciones e instituciones locales, de forma que su labor no es tampoco visible ni sujeta al control y la participación popular.

5-  La labor de gobierno se reduce a la atención a tareas urgentes y a los planteamientos de los electores –frecuentemente quejas de asuntos vitales de carácter personal, grupal, vecinal, etc., que podrían ser atendidos por consejos de vecinos u otras instancias representativas, para dejar espacio, en la acción de gobierno –desde los delegados, los CP, los CAM, CAP y AN- a la deliberación de políticas, legislación y visión estratégica de los problemas, los que casi nunca se debaten en las asambleas populares ni en las organizaciones sociales, a menos que se derive de una convocatoria especialmente dirigida a tal fin por los niveles superiores, pero no como acto cotidiano de gobierno ciudadano.

6-  Es importante que lo que pasa en la comunidad no es sólo lo inmediato cotidiano de problemas materiales y sociales –si bien ello es importante- sino también el reflejo de las macropolíticas y sus aplicaciones, algo sobre lo que la población debería poder pronunciarse sistemáticamente.

7-  A todo lo anterior se asocia la necesaria autonomía local para disponer de recursos que la propia población y sus representantes de gobierno necesitan para llevar adelante la solución de los problemas, a lo cual se debería asociar un conjunto de medidas globales (tal vez algunas de estas se están experimentando en Artemisa y Mayabeque, pero no tenemos información alguna al respecto); entre ellos:

  • definición de los presupuestos locales a partir de los medios impositivos que le correspondan por las medidas tributarias vigentes, de todos los sectores de la economía y las diferentes formas de gestión.
  • introducción de presupuestos participativos en los que las instituciones y la población concerten las necesidades y planes económico-sociales, contribuyendo a resolver sus problemas específicos y necesidades de desarrollo económico y social.
  • mayor autonomía local, comunitaria, en la promoción de economía social (cooperativas, arrendamientos, etc.), que permitan solucionar los problemas materiales de la localidad y generar mejores condiciones de vida a sus pobladores.
  • mayor estatus a las Comisiones de desarrollo local, como instancias articuladoras de los planes de desarrollo de las comunidades.

8-  Otorgamiento a las diferentes instancias del Poder Popular de la suficiente capacidad de gobierno (entendido en su sentido ejecutivo como proyectivo, cuestionador, indagador y promotor de legislación) y dotar a los ciudadanos -a los que se debe- de los mecanismos para hacer realidad su participación deliberativa, propositiva, decisoria y de control de las acciones de gobierno, a todos los niveles y de manera sistemática y cotidiana.

9-  Esto plantearía la necesidad de que los procesos eleccionarios tomaran en cuenta las características personales de los propuestos pero, además, sus proyectos de agenda respecto a los temas políticos y económicos centrales del país y de la localidad, de forma que los delegados, a todos los niveles, se proyecten hacia la constante renovación de agendas ciudadanas.

10-         El asunto se proyecta en un panorama institucional nacional que es preciso replantear: Gobernar desde y de cara al pueblo y no sólo desde las instituciones especializadas. Ello implica mayor transparencia de sus acciones y de sus comisiones de trabajo, mayor capacidad deliberativa popular, con participación directa en foros y asambleas ciudadanas sistemáticos e, indirectamente, a través de los medios de comunicación.

11-         Crear la posibilidad de que diversos movimientos y asociaciones sociales, culturales, profesionales, etc. expresen sus puntos de vista en esos foros populares y en los medios de comunicación, sobre los temas que atañen a sus intereses, de manera que puedan tener un impacto en las acciones de gobierno a todos los niveles.

12-         Finalmente, por ahora, creo que las relaciones entre Estado, Partido, Gobierno y Sociedad civil han de replantearse profundamente. Es el Estado el máximo garante de la soberanía popular y es el pueblo el que debe exigir y al que se le debe rendir cuentas, en todo momento y a todos los niveles. Las instituciones deberán estar al servicio de las garantías ciudadanas para exigir el buen gobierno, las buenas leyes y acciones en función de la concertación popular y sus intereses. Esto podría conllevar una nueva mirada a algunos artículos de la Constitución, provenientes de concepciones pasadas de otros modelos socialistas.

La consideración de estas cuestiones permitiría reconfigurar los mecanismos prácticos de un entorno jurídico-político favorable para el desarrollo de una sociedad socialista de participación ciudadana popular que avance a la altura de los tiempos.

Mensaje enviado a Cartas a la dirección- Periódico Granma, el 3 de noviembre del 2012.
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