Por Dmitri Prieto Samsónov

El 5 de junio, dieron un reportaje interesante por el noticiero estelar de la TV cubana. Una periodista pretendió averiguar ‘en el terreno’ cómo se están comportando los precios en las tiendas en divisa (shopping) de La Habana.

Había informes de que los precios eran subidos irregularmente, y el equipo de la TV decidió entrar a varias tiendas, filmar los estantes con los precios, y compararlos.

No dejaron entrar el equipo a las tiendas.

La TV mostró cómo porteras de las tiendas le negaban la entrada a los periodistas y camarógrafos. Y cómo, a solicitud de éstos, preguntaban a los gerentes (nunca apareció ninguno de tales gerentes en pantalla), quienes a su vez aducían misteriosas “orientaciones” y “lineamientos” que prohíben “cualquier filmación” dentro de las tiendas.

Los asombrados periodistas lograron trasmitir todo eso en la TV, aunque ninguna instancia “superior” apareció dando ninguna explicación sobre el porqué de la censura de los burócratas al servicio del negocio de la venta al público… como si tales instancias no existieran.

Muy notorio esto. No sólo medios ciudadanos, independientes, sino también los estatales (“de todo el pueblo,” dice la Constitución) estan lastrados en su acceso a información que es de dominio público.

Las burocracias han protegido bien sus negocios contra el control ciudadano.

Sólo me basta recordar lo que le pasó a varios colegas de HT cuando intentaron ir a un gran vertedero al sur de La Habana.

Pero tengo también el testimonio optimista de unas estudiantes de Derecho, cuyos profesores las enviaron a hacer un trabajo crítico de Derecho Constitucional sobre el acceso (constitucionalmente protegido) de ciudadanos cubanos a los hoteles de la isla. Fue hace ya unos años, cuando “no se estilaba” admitir a los cubanos de a pie en los hoteles en divisa.

Las chicas intentaban hospedarse, la carpeta les pedía identificación, sacaban sus carnés cubanos, la carpeta les decía que no podían alojarse en el hotel… las chicas sacaban un ejemplar de la Constitución de la República y el carnet de la facultad de Derecho, y preguntaban quién había osado mandar que se incumpliera la Carta Magna. Y, gerentes mediante, aparecía una panoplia de documentos burocráticos de todo color, ninguno de ellos realmente legal.

Las burocracias protegen bien sus negocios.

En el caso de los hoteles, sin embargo, meses después del “experimento” que conté, se autorizó a los cubanos a hacer lo que la Constitución manda.

¿Cuanto habra que esperar para que los demás derechos sean respetados en la misma medida?

Publicado en Havana Times