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Por Rogelio M. Díaz Moreno

En estos días, semanas, meses, nos azota una vez más un mal típico de la manera en que se rigen los asuntos en este país. Nada menos que tres importantes cambios se están cocinando tras las bambalinas, y los cubanos y cubanas de a pie no recibimos sino el silencio respecto a sus detalles.

La ley de cooperativas no agrícolas, la reforma migratoria y el nuevo código de familia son marcos impactantes para la profundización de las transformaciones que experimenta este país. De todas las reformas que han tenido lugar, hay pocas que puedan competir con las mencionadas en cuanto alcance y posibilidades; tal vez, únicamente, las dedicadas a abrirle las puertas a la pequeña empresa privada bajo el término eufemístico de trabajo por cuenta propia. Se supondría que los periodistas estarían a la caza de los miembros del Parlamento cubano, de los miembros de las comisiones y ministerios que debaten hasta el infinito cada mísera coma y cada ínfimo guión ¬porque la demora del asunto es harina para otro gran costal¬ para poner así al alcance de la ciudadanía los elementos que le permitan juzgar cuán bien están haciendo su trabajo estos diputados y diputadas; ajustar y planificar las vidas de cada cual según lo que presagie el futuro o, simplemente, contar con la condición mínima -poseer la información- para ejercer el papel que la Constitución define como legítimo del pueblo: la soberanía. Delegar la soberanía en los miembros de un cuerpo electivo tiene sentido en una democracia, pero solo cuando se tiene el control de lo que aquellos debaten y las posiciones que asumen, para poder dirigirse a los mismos y requerir que, en su papel de servidores de la población, persistan o rectifiquen la dirección de sus gestiones.

En cambio, todo lo que disponemos por acá abajo se puede resumir en aislados anuncios escuetos que nos exigen paciencia y confianza; algunos renglones que no especifican demasiado en un documento aprobado hace algún tiempo en un Cónclave; buenas dosis de rumores y una no menor de impaciencia y temores por posibles frustraciones.

¿Qué pasa si las finalmente autorizadas cooperativas urbanas solo se autorizan para menesteres de baja calificación, y no se les arrogan de paso suficientes prerrogativas relativas a su gestión productiva y comercial? ¿Y si en la reforma migratoria se establecen requisitos aberrantes para ciertos grupos profesionales que no tienen otra culpa que servir al país? ¿Qué tal si, en el Código de Familia, se retira la posibilidad de que la ley extienda una protección igual a todas las parejas, sin importar su composición? ¿Cómo sé yo a favor de qué está el delegado que salió electo en mi circunscripción? ¿Qué tipo de conversación debo sostener con él, si no sé cuál es su postura? ¿Cómo sé si debo votar por él para que vuelva a salir en el próximo período de la legislatura, o por algúna otra persona que me ofrezca mayor afinidad con mis ideas?

¿Son, estos temas, de aquellos que amenazan la seguridad nacional, con la perspectiva de una invasión de la OTAN, y por eso no se discuten abiertamente? Si me explicaran convincentemente que es así, me callaré la boca. Pero si no fuera así, entonces, ¿por qué, quiénes, escamotean el precepto constitucional de la soberanía popular? ¿Será que bajo el manto del secretismo, pueden aventurarse a defender posturas de arcaicos dinosaurios estancados en la era del estalinismo? ¿Será que se necesita la impunidad del desconocimiento, para favorecer la voluntad de algunos de conservar indebidos privilegios que a la plena luz pública serían intolerables?

La mejor manera de demostrar que mis dudas resultan descabelladas, es hacer público todo el debate realizado y por realizar en estas materias. Y en las que le sigan.