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Por Rogelio M. Díaz Moreno

Uno de los fenómenos que más ha empobrecido nuestro país en los últimos dos decenios ha sido el flujo migratorio, fundamentalmente compuesto por personas jóvenes, cuya calificación profesional típica es elevada y, por supuesto, en plena edad reproductiva. Numéricamente, se puede estimar en cerca de treinta mil personas al año, desde inicios de la década del noventa del pasado siglo. Por ese caño se han derramado cuantiosos recursos invertidos en la formación de esas personas pero, sobre todo, se ha perdido la posibilidad de que el trabajo creativo de esas personas enriqueciera material y espiritualmente a nuestra sociedad. Como elemento de igual o mayor importancia, este problema agrava la situación demográfica de una población profundamente marcada por el envejecimiento y decrecimiento. Todo esto, sin mencionar el desgarramiento individual y familiar, el dolor de la separación, las dificultades de adaptación tanto de las personas que buscan los nuevos horizontes, como de los que quedan atrás, privados de la amoroso soporte que supone un hijo, una hermana, un amigo.

Un pensamiento incómodo aguijonea la mente, que sugiere que este fenómeno se podía haber evitado o, al menos, mitigado en buena medida. Hace demasiado tiempo que se hizo evidente, para todo el que no mantuviera los ojos firmemente cerrados, que bajo los esquemas estatalistas que no socialistas de la economía, la regla general con algunas excepciones establecía que las únicas garantías de cobijo estaban extendidas a la mediocridad conformista; a aquellas personas cuyas aspiraciones no estuvieran muy alto; trabajadores manuales o intelectuales que con un sueldito ínfimo pero estable, más un par de prestaciones sociales estratégicas y lo que se pudiera sustraer taimadamente del centro laboral, se dieran por satisfechos. Han tenido que pasar más de veinte años desde el inicio del Período Especial o del regreso a la depauperada normalidad, podría decirse para que se estabilizara un mínimo de respeto por la iniciativa privada en la forma del llamado trabajo por cuenta propia. Y eso, bajo la presión actual para el Estado que significa la decisión de despedir a más de un millón de sus trabajadores, y la necesidad de dejarles vivir de algo mejor que el delito. Aún así, el antaño todopoderoso Estado no ha desbloqueado sino las franjas más precarias del espectro de actividades económicas posibles, aquellas de oficios básicos de baja calificación tan dignos como los de alta, pero poco halagüeños en términos intelectuales y únicamente remunerativos debido a la extraña situación que experimenta nuestro país. Para los profesionales jóvenes que buscan un empleo a sus dotes trabajosamente cultivadas, emprender iniciativas económicas más sofisticadas, apenas se cuenta a estas alturas con las vagas promesas de estudiar y dejar establecido, algún día, la posibilidad de formar cooperativas fuera del ámbito agrícola.

Vamos a hacer un par de especulaciones de cómo hubieran ido las cosas, si la política hubiera sido distinta. Nótese que haremos énfasis en empeños de colectivos bajo términos cooperativos, que consideramos como formas avanzadas de gestión socialista, en contraposición con las formas estatales y saludablemente distanciadas de empresas privadas, basadas en la explotación capitalista de los trabajadores por los dueños.

Se partió de una situación en la que miles de ingenieros, técnicos, personal calificado en general, se encontraban estancados, mayoritariamente en trabajos de escasa productividad e interés, además de la pobre remuneración y la imposibilidad de modificar sustancialmente el orden de las cosas en sus centros laborales. Esta última osadía constituye todavía hoy un imposible desafío a las inexorables autoridades. A ese grupo no se puede dejar de añadir, en igualdad de condiciones, al sector de obreros vegetando en fábricas de tecnología obsoleta, de producción detenida por los frecuentes desabastecimientos de materias primas, repuestos, combustibles y hasta por abarrotamiento de los almacenes ante la mala gestión de las otras instituciones estatales encargadas de la comercialización. Esta ha sido la cantera fundamental de la emigración, en todo este tiempo, ante la falta de una mejor opción. Ah, pero ¿qué hubiera pasado si, digamos, desde fines de esa década de 1990, cuando ya se pasó el golpe más duro tras la caída del campo socialista, se hubiera comprendido las potencialidades en ese conjunto de personas? ¿Qué tal que se les hubiera permitido agruparse autonómicamente, en centros de producción y servicios cooperativos, dedicados a satisfacer de una manera indiscutiblemente más eficiente las necesidades malcubiertas por instituciones estatales?

Si por fin, dentro de poco, se llega a instaurar la posibilidad de empresas cooperativas, se verá que el panorama no se transforma de un día para otro. La consolidación de los colectivos lleva su tiempo, tiempo de aprendizaje, de reajuste, de disolución inevitable de los proyectos menos viables. Esa etapa hubiera podido vencerse a estas alturas, de haber empezado a tiempo. Con el entusiasmo que la posibilidad de ganarse, por uno mismo y con sus esfuerzos, una vida honrada y satisfactoria en términos materiales y espirituales, la sangría de la emigración que buscaba esa posibilidad allende los mares se hubiera reducido considerablemente. Lo que es más, algunos de los que se fueron y no tuvieron el éxito esperado, se hubieran animado a regresar. Por supuesto, esto requeriría de paso de una política responsable respecto a la migración.

A estas alturas, hubiera sido posible que el Gobierno no tuviera que plantearse el despido de esa cantidad de trabajadores, porque ya se encontrarían trabajando en este sector. La producción de bienes y servicios se estaría efectuando en instalaciones mucho más eficientes que lo que se ha venido haciendo. Las pérdidas millonarias por subsidios a las ineficiente empresas estatales se hubieran reducido al mínimo imprescindible para garantizar el funcionamiento de determinadas necesidades sociales; por el contrario, los ingresos al fisco se habrían estabilizado en una magnitud creciente y capaz de cubrir las inversiones en salud, educación, infraestructura, etc., que normalmente se coordinan a nivel centralizado. El país, en pocas palabras, estaría ahora en una posición mucho más ventajosa en términos económicos y sociodemográficos.

Queda de estudio individual responder a las cuestiones de por qué tarda tanto en desbloquearse este camino; qué daño le está infligiendo a nuestra sociedad esta demora, y qué opinión se merecen sus responsables.

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