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Por Rogelio M. Díaz Moreno

Quiero empezar esta entrega agradeciendo a varios conocidos y comentaristas con los que no puedo, desgraciadamente, interactuar a través de comentarios por mi escasa conectividad. Estos amigos se toman sumo interés y alguno me ha rectificado una inexactitud en una cita producto de mis lagunas en formación filosófica, otro me manifiesta acuerdos y desacuerdos; otro ejemplo es el de una lectora que me propone considerar que, después que se apruebe una versión de Carta Magna, se instaure además una especie de Tribunal Constitucional que vele porque no se cometan violaciones como las conocidas en el acceso de los nacionales a los hoteles, los temas de la nacionalidad del emigrante, etc. Tengo que decir que esta idea me pareció muy buena.

Ahora, continúo con las ideas de la entrega anterior. Hay varios artículos de la Constitución que habría que considerar modificar para definir un buen sistema de propiedad socialista de los trabajadores sobre sus medios de producción, de manera que se logre superar el estancamiento que implica esa propiedad estatal que es de todos y de nadie y al final termina al servicio de un puñado de burócratas y funcionarios y administradores corruptos y ladrones de cuello blanco. En sintonía con lo que defendemos muchos, los
centrales azucareros, las tierras de las empresas agrícolas, las fábricas, terminales de ómnibus y así por el estilo serán socialistas porque pertenecerán a las personas que en ellos trabajan, y a más nadie; y esto será beneficioso para ellos y para el país.

Naturalmente, estos trabajadores serán libres de organizarse a su manera, elegir líderes que administren y negocien y lleven el día a día, y que tendrán la inexorable obligación de rendirles cuentas en reuniones periódicas donde el colectivo tendrá la potestad de aprobarles la gestión y estimularlos, o llamarles la atención por mal desempeño y hasta sancionarles y removerles del cargo. El gobierno protegerá legalmente la propiedad de las empresas socialistas de sus trabajadores y ellos sabrán sin duda alguna cómo protegerla de los ladronzuelos menores.

Este proyecto requerirá de un funcionamiento novedoso de las estructuras sindicales respecto al que tienen hoy, pues parecería que son la herramienta obvia de los trabajadores de cada centro para organizarse a su manera, pero de eso que se encarguen los propios trabajadores que se organicen en cada lugar. Las estructuras sindicales también servirían de puente de los trabajadores hacia el resto de la comunidad, hacia el ágora donde las asociaciones de vecinos, jubilados, de estudiantes, etc., consensuarán
democrática y abiertamente en las bases -que son los lugares donde se decidiría todo lo importante- los temas de interés nacional, de corte ecológico, de planificación socioeconómica del futuro, de la solidaridad con los pueblos hermanos, de cómo regular el comercio exterior y la inversión extranjera, de la defensa de la nación contra las agresiones extranjeras, etc. Por ahí debe andar el tema del papel de las organizaciones sociales y de masas, reunidos sus representantes en Asamblea Nacional; sujetos al escrutinio y aprobación popular por los mecanismos de voto universal y estricta rendición de cuentas a los miembros electores de las bases; pero ahí hay trabajo para un gran equipo de gente calificada que un simple articulillo no puede pretender abarcar.

La Asamblea Nacional seguiría siendo el marco ideal para evaluar la gestión del gobierno. O sea, cuán bien cumple este gobierno con las políticas emanadas de aquellas bases que mencionamos. El gobierno velará por el cumplimiento de las leyes, y pondrá los impuestos recaudados al servicio de los fines de la nación. El gobierno recibe también la responsabilidad por administrar correctamente las entidades presupuestadas imprescindibles para asegurar la salud, la educación, mantener y mejorar las infraestructuras viales, de comunicaciones y ese tipo de cosas; rendiría en este marco cuentas detalladas de su trabajo y se someterá a la aprobación de los diputados; éstos evaluarían a aquel de acuerdo a los criterios simples de efectividad en su trabajo. Todos los funcionarios importantes serían electos de manera democrática, directa y transparente por los ciudadanos votantes,
que dispondrán de la información relativa a sus calificaciones y resultados obtenidos en su trabajo.

Este cuento, me di cuenta hace un tiempo, se puede volver interminable y no merece que una sola persona se le suban las ínfulas como para creer que tiene todas las opiniones que hacen falta -ni que hacen falta todas las que tiene-, y tampoco hace falta escribir una nueva Utopía. Simplemente añadiré que el lenguaje de la Constitución de mis sueños proscribirá explícitamente todas las discriminaciones; que deberá asimilar las conquistas en términos del discurso de género; que no se permitirá la intromisión artificial de ningún obstáculo ficticio en el disfrute de los derechos -que son inalienables- de las personas, por los que se han inmolado tantos revolucionarios en todo el mundo, a lo largo de la historia; que actualizará periódicamente su letra, teniendo en cuenta las repercusiones de los avances tecnológicos y científicos en los principios que recoge su espíritu; que se consideraría como la mayor riqueza del país la vitalidad, la pujanza y las iniciativas libres de las personas auto organizadas; que se considerará a la naturaleza y los recursos naturales como Patrimonio de la Humanidad, invaluable pero frágil, necesitados del amor de las personas y de protección contra la codicia de estas.

Como todos los sistemas del mundo que se pretenden organizar inteligentemente, el modelo esbozado en estos preceptos tendrá defectos y aspectos mejorables. El texto constitucional atenderá la necesidad de que las personas preocupadas tengan todas las facultades necesarias para proponer el mejoramiento de la misma de una manera sencilla y ágil, y proveerá las garantías necesarias para que esta libertad no pueda ser coartada; mejor aún, promoverá estas revisiones. De paso, se reafirmará el papel del Tribunal Constitucional del que hablamos al principio porque, hasta tanto no se modifique, desacatar sus cánones es una violación que
atenta contra la nación. También definiría yo, como otra de las funciones principales de este Tribunal, la de fiscalizar el completamiento legislativo de algunas de las cuestiones que en el texto mayor solo se esbozan de forma general y cuyos detalles se dejan pendientes.

Creo que el propósito que me tracé al empezar esta saga está cumplido. Cualquier renovación constitucional requiere del esfuerzo de muchas personas y, al final, por supuesto, de la aprobación de la nación. Yo meramente he lanzado algunas de las piedras, no sé si de las primeras; y espero con ello haber motivado a otras personas a «darle taller» al asunto, cultivar sus propias ideas y sacarlas al ruedo. Para tratar de los asuntos de la nación de todos, entre todos.