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Roberto Veiga González entrevista a Ramón de la Cruz Ochoa

El Sistema Penal de cualquier país expresa la madurez humana, jurídica y política de su respectiva sociedad. La Comisión Jurídica de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la sesión de diciembre del pasado año, ha convocado a estudiar y a modificar nuestro Sistema Penal. Por esta razón la revista ha solicitado los criterios del destacado jurista cubano Ramón de la Cruz Ochoa, quien resulta uno de los especialistas más conocedores del tema y ha estado muy involucrado en el desempeño de este acontecer en la Isla.

-¿Qué instituciones integran el Sistema Penal de cualquier país? ¿Cuál ha de ser la finalidad de ese conjunto de entidades?

-Como se considera por la mayoría de los autores, en el Sistema Penal la primera institución es la Policía, tanto la preventiva, que es esa que vemos en las calles, que cuida las cuadras, el tránsito, el orden público, la protección en general, y la policía investigativa. La Policía es el eslabón primario y yo me atrevería a decir que importante y fundamental en el trabajo del Sistema Penal. Después, la Fiscalía. La Fiscalía es un órgano del Estado. Su papel es el control de la legalidad y la persecución de los delitos. Por otro lado, el sistema de tribunales es la más importante institución del Sistema Penal.

Otro componente del Sistema Penal que ya está aceptado en la doctrina con muchísimo consenso, aunque yo tengo mis preocupaciones al respecto, pero sí, lo acepto como un eslabón importante, es la Abogacía. Esta realiza un papel muy importante en el Sistema Penal porque va a defender al ciudadano(a) de los delitos que el Estado le va a imputar. No puede funcionar bien un Sistema Penal si no hay abogacía.

Por último, el Sistema de Ejecución de Sanciones, que incluye a las instituciones Penitenciarias donde se cumplen las sanciones de privación de libertad y al juez de ejecución que supervisa el cumplimiento de las sanciones no privativas de libertad.

Esos son los eslabones fundamentales del Sistema Penal como tal. Cada cual tiene su función específica. Esa es una característica importantísima del Sistema Penal, y una parte no debe inmiscuirse en las atribuciones de la otra. La Fiscalía tiene su papel, la Policía también, la Abogacía… Todos los componentes tienen funciones independientes y todos ellos deben trabajar para cumplirlas debidamente.

-¿Cómo deben relacionarse las instituciones que constituyen el Sistema Penal? ¿A cuál de ellas le corresponde cierta primacía, o sea, cumplir un desempeño rector y controlador en relación con las demás, y qué garantías debe poseer esta última institución, la que posee un carácter rector y controlador, para poder realizar esta responsabilidad?

-En un proceso penal está la fase investigativa, llamada en nuestra legislación preparatoria, y después la que llamamos plenaria, la del juicio oral. En la parte investigativa, los componentes fundamentales son los órganos de instrucción, que de acuerdo con la ley cubana son parte del Ministerio del Interior, y la Fiscalía General de la República, que es una institución del Estado, no del gobierno, y que cumple, de acuerdo con la ley, funciones de supervisión de todo ese proceso indagatorio o investigativo. ¿Quién debe tener la supremacía en ese momento? Eso está claro, y yo abogo porque se fortalezca. La supremacía la debe tener la Fiscalía General de la República. Los fiscales deben tener un papel importante, diría que decisivo.

Cuando el fiscal hace sus conclusiones provisionales lo eleva al tribunal, este revisa el expediente, hace lo que llamamos en lenguaje técnico auto de apertura, notifica al abogado y le da un término para que eleve sus conclusiones, y después se celebra el juicio oral, que es el decisivo en todo el proceso penal. Porque se supone, y así está contemplado en nuestra ley, que todo hay que probarlo en el juicio oral. O sea, la fase investigativa puede ser muy buena, muy completa, pero no son más que antecedentes de pruebas que ayudan a conocer el caso. Lo decisivo es lo que se lleva al tribunal y allí debe desempeñar un papel importante la contradicción entre el fiscal y la defensa. En este momento, la Fiscalía hace la acusación, el abogado aporta todos los elementos en defensa del ciudadano(a) que él está representando, y el tribunal, cuya función fundamental es conocer en profundidad el caso, dicta sentencia después del juicio oral. Después viene todo el sistema de apelaciones. La institución fundamental del Sistema Penal, no tengo la menor duda, y no creo que ningún penalista la tenga, es el tribunal, que es donde se busca la verdad y se toman las decisiones.

-Usted dice que el tribunal es la institución fundamental, pero a su vez dice que la Fiscalía debe ser la institución rectora de todo el sistema penal.

-No. La Fiscalía es la rectora del proceso investigativo. Hay que hacer investigaciones previas, hay que acumular pruebas, hay que ver todo y formar el expediente, precisar quiénes van a ser los testigos, cuáles van a ser las pruebas documentales… Ahí el papel decisivo lo juega la Fiscalía, y no los órganos de instrucción del Ministerio del Interior. Sin embargo, debo precisar, la subordinación a la Fiscalía ha de ser funcional, no jerárquica. En algunos países es jerárquica, pero yo creo que en las condiciones cubanas lo más racional y factible es que sea funcional. Después que ya terminó esa parte del proceso, pasa al tribunal, y ahí las decisiones son del tribunal.

-Usted especifica que en Cuba los órganos de instrucción pertenecen al Ministerio del Interior. ¿En algún otro lugar del mundo no pertenecen al cuerpo de orden público?

-Bueno, por ejemplo, en algunos lugares hay una policía judicial, que se subordina a los tribunales o a la fiscalía, pudiendo ser funcional o jerárquica, y hay policías judiciales independientes. En el modelo cubano pertenecen al Ministerio del Interior.

-Atendiendo a la labor en Cuba de estas entidades especializadas, ¿cuáles resultan sus mayores logros y cuáles son sus mayores debilidades? ¿Cómo se relacionan dichas entidades y quién realiza en Cuba realmente la función rectora del Sistema Penal?

-Coincido con lo que se dijo en la última Asamblea Nacional del Poder Popular, que siempre he dicho. Vivimos tiempos complicados, y partimos de toda la situación que provocó el período especial, signada por una corrupción bastante generalizada en el país. Sin embargo, creo que el gran mérito, por lo menos de estas dos instituciones fundamentales del Sistema Penal, la Fiscalía y los Tribunales, es no haber sido permeados por la corrupción. No quiere decir que no haya casos aislados de corrupción. Lo puede haber y los hay; yo diría que es casi imposible que no los haya. Pero no es lo que caracteriza a estas dos instituciones fundamentales: la Fiscalía General de la República y los Tribunales del país. Ese es el mayor logro que han tenido estas dos instituciones, y para mí eso es fundamental.

Creo que de sus limitaciones también se habló en la Asamblea Nacional. La mayoría de los fiscales y jueces son muy jóvenes y no siempre permanecen en sus cargos por largos períodos. Es decir, se les asigna graduados de las Escuelas de Derecho, cumplen su servicio social y después, una buena parte de ellos abandona estas instituciones. Eso hace que buena parte de ellos tenga poca experiencia. Creo también, como se dijo en la Asamblea, que pasan por la universidad, pasan por maestrías, pasan por muchos cursos de superación, pero en ocasiones no todo el conocimiento que se adquiere se lleva a la práctica. En mi opinión, ahí está uno de sus principales problemas.

Los otros problemas que tienen los tribunales y las fiscalías son, muchas veces, similares a los que se padecen en otros países. Hay veces que los órganos de opinión pública realizan un papel que no deberían de jugar en la impartición de justicia. Otro problema es el debate acerca de la independencia del poder judicial. Algunos expresan que si tenemos un poder judicial independiente, podemos resolver todos los problemas, y no es así. El poder judicial puede funcionar como tal, con independencia externa, pero en el orden interno hay que cuidar también la independencia. Otra cuestión es la Política Criminal, todos los países tienen políticas criminales.

¿Quién es el encargado de trazar esa política criminal en Cuba? No hay duda: la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado. En Cuba el gobierno nunca se ha implicado directamente en temas que tengan que ver con la política criminal. Esto ha sido atributo de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, que trazan las políticas. Y es correcto que tracen políticas; lo hacen todos los países del mundo, con mayor o menor sabiduría. Esa política criminal tiene que ser tenida en cuenta por fiscales y por jueces. Pero esa política criminal tiene que ser general, no puede ser y no debe ser en lo particular, lo cual ha de ser facultad de las autoridades judiciales. Debe ser una decisión individual de los jueces si van a sancionar o no.

-¿Cómo se relacionan en Cuba estas entidades?

-Eso es una historia. Han pasado 50 años y no siempre las cosas han sido iguales. En una época hubo unas comisiones territoriales que se emplearon para combatir el delito y participaban en ellas las organizaciones de masas, el Poder Popular, la Policía y la Fiscalía, lo cual fue positivo. Hay dos instituciones que entiendo no deben participar en ese tipo de comisiones; en mi opinión, no debieron estar ahí, que son los Tribunales y la abogacía. No hablo de la situación actual, hablo de otra época, del pasado. Yo soy de los que se preguntan qué tiene que hacer un abogado en una comisión de esas. El abogado va a defender intereses y derechos individuales de las personas, y esa es su misión, y ese es su papel dentro de la sociedad. La abogacía que se necesita realmente debe ser una abogacía independiente. Lo mismo puedo decir de los tribunales. Tienen que ser independientes y fuertes y –sí- basarse en la política criminal que traza el Estado, pero ya en el trabajo cotidiano, estas instituciones no tienen por qué trabajar en coordinación con otras instituciones que son más propias de persecución del delito. Lo fundamental es que las instituciones como la abogacía y los tribunales puedan trabajar con suficiente independencia. La Fiscalía tiene una función fundamental, junto con los órganos de investigación y la Policía, que es lo que pudiéramos llamar la persecución de la actividad delictiva. Y ahí sí se requiere una coordinación. Ahí tiene que haber una coordinación entre la Fiscalía y la Policía, pero –como he dicho- a partir del principio de que la primacía la tiene que tener la Fiscalía, no la Policía ni los órganos de investigación. No obstante, a veces se dice por ahí, entre nosotros los especialistas, hablando ya en términos universales, que en muchas ocasiones –en muchos países- no está muy claro quién controla a quién. Si la Policía y los órganos de investigación controlan a la Fiscalía o viceversa.

Recuerdo que una vez, conversando con un jefe de la Policía de una ciudad importante en Estados Unidos, por mis conocimientos y por lo que se ve en el cine, le pregunté: ¿ustedes hacen lo que dicen los fiscales? Él se echó a reír y me dijo: no es como aparece en las películas, tan decisivo papel en los procesos penales, porque siempre la Policía tiene un margen de maniobra en todos los países. Pero ese es un problema muy neurálgico, muy importante de cómo funciona el Sistema Penal. Te diría que no hay nada más delicado en cualquier Sistema Penal que la relaciones entre la Policía y la Fiscalía. Creo que en Cuba se ha tratado de lograr cierto equilibrio y se ha conseguido en determinadas circunstancias. Sin embargo, pienso que se hace necesario trabajar mucho más en relación con esto, incluso hacer modificaciones legislativas.

-Usted nos ha dejado claro que en Cuba, como en otros lugares del mundo, a la Fiscalía le queda un camino por recorrer para poder cumplir su lugar exacto en el proceso penal. También se ha referido a la abogacía y a los tribunales, así como a la independencia y organización de estas instituciones para poder cumplir su papel dentro del Sistema Penal. ¿Gozan en Cuba de la suficiente autonomía y de la necesaria organización?

-Vamos a empezar por lo más sencillo: la abogacía. Creo que no conozco ningún caso, no tengo ningún antecedente y he trabajado como abogado más de 10 años. A mí nadie nunca me ha dicho qué tengo que decir, o qué no tengo que decir en un proceso penal. Y no creo que yo sea la excepción. Creo que el abogado cubano dice lo que entiende pertinente. Por supuesto, ahí entran las características de cada abogado: su preparación, su cultura jurídica, cómo se ocupa de los casos… hasta su valentía intelectual para plantear los problemas. Te puedo decir que con los abogados nadie se mete, siempre que cumplan con la ética y la ley, pueden plantear cada caso de la manera que ellos entiendan pertinente. A veces uno oye por la prensa internacional que si son abogados del Estado. Eso es una falsedad. No son abogados del Estado. Son abogados que pertenecen a una organización autónoma, creada por la ley, que gozan de la suficiente independencia. No obstante, en mi opinión hay que mejorar la abogacía desde varios puntos de vista.

Primero debo decir que en Cuba, a pesar de que el abogado de oficio no es tan importante como en otros países latinoamericanos, porque aquí los honorarios que establecen los bufetes son relativamente módicos, no son caros, los abogados son accesibles para buena parte de la población. Según una cifra que yo tenía de hace algunos años, casi el 50 por ciento de los procesos penales lo defienden abogados de oficio. En países de América Latina este por ciento es del 80 y el 90, porque los que más van a los tribunales son los pobres, y los pobres no siempre tienen el dinero para pagarle a un abogado. Porque un abogado, según mi experiencia latinoamericana, por cualquier caso de poca importancia, te cobra 2 mil dólares sin mucho problema. Por eso la abogacía de oficio es muy importante en Latinoamérica. Eso ha llevado a que en Latinoamérica se hayan creado instituciones, incluso pagadas por el Estado, que se dedican a la defensa de oficio, conocida como defensa pública.

En Cuba no tenemos eso. Se está tratando de especializar abogados para la defensa de oficio, en busca de una mayor profesionalidad. A veces vas a un juicio y te pones a observar a las defensas y no son lo que debieran ser. O sea, en ocasiones son superficiales. Hay algo al respecto de la abogacía que habría que mencionar también. Como las tarifas son tan económicas y una parte está destinada a autofinanciar a la institución, los abogados, para lograr un sueldo de mil pesos, tienen que llevar una gran cantidad de casos, cien o doscientos casos. En mi opinión eso ya es demasiado. Algún momento llegará en que todo eso haya que revisarlo. Eso tiene que ver también con todo el tema económico, porque sin una economía fuerte todas las ideas que podamos tener sobre cómo mejorar el sistema pueden resultar no sustentables. Habría que modificar el sistema de pago de los abogados para que con menos casos logren un ingreso económico digno y propio para un profesional. Esos son los aspectos fundamentales que hay que hacer en cuanto a la abogacía.

Sobre los Tribunales ya te hablé, de la independencia, de la preparación y, te agregaría, de las condiciones materiales. Hemos de tener jueces con una formación profesional más sólida, que trabajen con más solidez. Además, algunos especialistas no lo ha defendido, pero yo siempre lo he hecho, debe haber una participación popular en la administración de justicia, es decir, debemos mantener y fortalecer el sistema de jueces legos que tenemos, que es un sistema aceptable. No somos el único país que los tiene. Personalmente no simpatizo mucho con los jurados. Pienso que los jurados son fácilmente manipulables y no está dentro de mi esquema favorito para la administración de justicia.

La otra cosa que los tribunales necesitan es transparencia. Yo creo que mientras menos papeles tenga la fase preparatoria, el proceso penal siempre será mejor. En tal sentido, creo que tiene una gran supremacía el juicio oral, donde vayan los testigos, donde se presenten las pruebas, donde se realicen los alegatos… En mis clases y en algunos de mis escritos he dicho que el juicio oral es hacer en el tribunal la historia de lo que pasó. Y la historia no la hace un papel. La historia la hacen los testigos, los peritos, las pruebas documentales… Yo creo que hay que seguir fortaleciendo el juicio oral. Por otro lado, muchos compañeros opinan, y no estoy en contra de eso, que estamos llevando demasiados casos, a veces sin importancia, a juicio oral y que eso atenta en contra de la calidad del trabajo de los tribunales. No creo que dejen de tener razón. Creo que sí, que hay muchos casos que siempre será mejor buscar soluciones que no lleven necesariamente al juicio oral y que este quede sólo para los casos importantes. Pero con mucho cuidado. La decisión, si hay discrepancia, tiene que estar en manos exclusivamente de los tribunales, nadie más.

-Usted hablaba de la considerable cantidad de trabajo de los jueces y de los fiscales, usted hablaba de la cantidad de casos que tiene que atender cada abogado… ¿Expresa esto en realidad un alto índice de delitos en Cuba?

-Te puedo dar algunos ejemplos, porque no puedo dar una respuesta simple. Yo he sido profesor en Guatemala, donde se descubren y llevan a los tribunales un cinco o un diez por ciento de los robos. O sea, la mayoría de los delitos quedan impunes. Así pasa en buena parte de América Latina. En Cuba los índices de esclarecimiento policial y esclarecimiento delictivo, como se llama en el lenguaje técnico, son bastante altos. Por ejemplo, en delitos contra la vida la cifra que yo manejo de hace algunos años es de 80 y 90 por ciento de esclarecimiento. Cuba, sin dudas de ninguna clase, con todos los problemas de delitos que tenemos, que tenemos bastante, es uno de los países más tranquilos de América Latina, más seguros. Esa no es la realidad de América Latina. O sea, no es que en Cuba haya tantos delitos, sino que los índices de impunidad son menores que en la mayoría de los países. Por otro lado, y aquí hay un punto clave del cual se habló algo en la Asamblea Nacional, resulta que existen casos que no deberíamos llevar a los tribunales, que deberíamos buscar soluciones que no fueran de tipo judicial –por supuesto que con las garantías debidas. En tal sentido, el sistema de multas y sanciones administrativas podría ser un sistema bueno. En este caso, si alguien no está de acuerdo con una multa, debería tener el derecho de ir a los tribunales y decir: no estoy de acuerdo con esto. Y que no lo decida el jefe de quien me impuso la multa.

Hay figuras delictivas que pueden haber obedecido a un momento histórico determinado. Pero hoy nos resultan un poco fuera de contexto. No se puede llevar todo a los tribunales, porque si lo llevas todo a los tribunales… ¿quién de nosotros, en un momento determinado, no comete una infracción? Entonces no puede haber un Sistema Penal que todo lo lleve a los tribunales. ¿La realidad cuál es? Que todos los sistemas penales son selectivos: seleccionan este caso, seleccionan este otro… La técnica moderna es que se seleccione, y se haga de manera regulada, reglamentada, bajo ley; que no sea por el capricho de una persona, de una autoridad, sino que esté bajo ciertos parámetros autorizados.

Debemos también desarrollar la mediación, yo siempre pongo este ejemplo que conocí en un país del norte de Europa. Unos jóvenes le lanzaron piedras a una casa, por x motivos, y rompieron los cristales. Al fiscal le llega esa denuncia y se la pasa al mediador, que no es él, es un funcionario del Ministerio de Justicia. Y el mediador trata de poner de acuerdo a las partes. Convoca a los padres, porque son menores, y les dice: miren, esos cristales que rompieron los muchachos valen tanto dinero, han causado tal daño, hay que pagarlos, hay que indemnizarlos. Si todo el mundo está de acuerdo se paga, si no hay acuerdo entonces se eleva a los tribunales, hay que desahogar a los tribunales de lo que nosotros, los penalistas, hemos llamado delitos de bagatela, es decir, delitos sin mayor connotación. Ese es un tema que tenemos que desarrollar más. Cuando se hizo la reforma de los 80, que cambió el Código Penal del 78, ese fue el espíritu. Se despenalizaron muchas cosas. Se pusieron sanciones más bajas. Porque también hay un mito de que las sanciones severas ayudan a bajar el delito. Eso no está comprobado científicamente en ninguna parte del mundo. Lo que sí hay que tratar es que no haya impunidad.

-Puede citar unos pocos ejemplos de casos que ya no deben ser penalizados.

-Te pondría un ejemplo clásico. La actividad económica ilícita. Con todo el proceso de transformaciones que hay en el país, por qué tenerlo como delito, Una vez fui a Estados Unidos y en un semáforo estaban vendiendo refrescos. Era en la Florida y hacía mucho calor, y la persona que estaba conmigo me dijo: pero tienen que tener licencia para vender refrescos en los semáforos. O sea, no es que vayamos a la anarquía y que cada cual ande por su cuenta y riesgo. Yo creo que sí, que el trabajo por cuenta propia tiene que tener una licencia y tiene que estar aprobado, tiene que pagar impuestos… Estoy de acuerdo con todas esas cosas. Si infringe eso hay posibilidades administrativas para solucionarlo. No tenemos que necesariamente llevarlo a un proceso penal.

Y hay cosas que hoy no están y que deberían estar en un futuro, de acuerdo a cómo se desarrolle la economía en este país. El delito de quiebra fraudulenta, por ejemplo, no existe en el Código Penal cubano. Si nosotros vamos a propiciar el concepto de actividad no estatal de la economía, como estamos tratando de hacer, quizás, no lo aseguro, llegue el momento que tengamos que poner el delito de quiebra fraudulenta. O sea, el Derecho Penal no es estático, es dinámico y tiene que moverse de acuerdo con las realidades económicas y sociales del país en un momento determinado. Esos son los ejemplos que te puedo poner.

-Usted hablaba al inicio de la extensión de la corrupción en Cuba. Los órganos de instrucción del Ministerio del Interior y la Fiscalía, que juegan un papel primordial en la prevención, en el descubrimiento y en la instrucción de estas causas, ¿se han ido especializando suficientemente para enfrentar este gran desafío?

-Están en ese camino. De hecho será un camino largo, porque son cosas con las cuales nosotros no estábamos lidiando cotidianamente. Casos concretos, importantes, de empresas que han sido llevadas a los tribunales por delitos económicos, requieren una especial atención. Usted me pregunta ¿están especializados? Si quiere mi respuesta sincera tengo que decir que no, aunque se encuentran en ese camino. Ni los abogados, ni los jueces, ni los fiscales, ni la Policía. En los casos complejos, no te estoy hablando de los casos sencillos, simples, cotidianos, de esos, por ejemplo, donde un administrador se robó de una tienda 500 pesos. Estoy hablando de casos mucho más complicados, mucho más enredados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la corrupción no solamente se resuelve con medidas penales. La corrupción es un problema social. Hay que utilizar el Derecho Penal, pero el Derecho Penal no hará el milagro de hacer desaparecer o disminuir la corrupción. La corrupción es un fenómeno económico-social y por tanto las soluciones pasan por esta esfera, sin dejar de utilizar el derecho penal, pero estando conscientes que no es la solución fundamental.

-¿Existen en Cuba las garantías jurídicas necesarias, tanto sustanciales como procesales, para asegurar que el Sistema Penal promueve el más profundo celo en el cuidado de la dignidad de las personas que por diferentes causas y diversas proporciones resulten procesadas?

-Yo me atrevería a decirte que el sistema sustantivo es aparte. Tú puedes tener un gran catálogo de delitos, mayor o menor, con penas mayores o menores. Eso es un tema. Pero el tema de las garantías es esencialmente un tema procesal, de procedimiento. Nosotros tenemos una herencia muy compleja de procedimiento penal. Primero, tenemos la herencia española de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se implantó en Cuba antes de la independencia. Después tenemos algunas influencias de los americanos, de cuando las intervenciones americanas. También tuvimos alguna influencia, en algunos aspectos y en procedimientos, soviética, que no podemos ignorar.

Tú lees la Ley de Procedimiento Penal cubana y es una mezcla de muchas de estas escuelas o tradiciones procesales. ¿Hay que hacer cosas para mejorar las garantías en el proceso penal cubano? Claro que sí. Te voy a decir una por la que más ha abogado durante muchos años la mayoría de los penalistas cubanos. De acuerdo con la Ley de Procedimiento Penal cubana el abogado solamente puede personarse después que se imponga una medida cautelar. Para imponer la medida cautelar la ley da siete días. Es decir, hasta el octavo o el noveno día no puede aparecer el abogado. Muchos penalistas hemos opinado siempre que debe ser mucho más prematuro, o sea, que ya a las 48 o 72 horas de estar detenida una persona debe tener derecho a un abogado. Sobre este tema existe un cierto consenso nacional.

Pero hay otras modificaciones que para dar más garantías y tener nuestro modelo procesal propio tenemos que hacer concretamente en el proceso penal. Yo no quiero un modelo acusatorio tipo norteamericano, ni creo que tenemos que calcar ni trasplantar ninguno de los modelos existentes en el mundo. Creo que tenemos que escoger lo mejor de todas partes y adaptarlo a la realidad cubana. Pero sí, hay que decirlo con franqueza, y creo que hay un consenso nacional en eso, que hay que mejorar la Ley de Procedimiento Penal para dar más garantías en todo el proceso penal. Por ejemplo, una participación más activa del abogado en todo el proceso investigativo, que tenga un papel activo. Se ha avanzado en eso. Hace 20 años el abogado prácticamente no jugaba ningún papel en la fase preparatoria. Hoy ya juega un papel mucho más activo. Ya tenemos un abogado mucho más combativo, pero hay que lograr mayor participación, hay que regular mejor determinadas acciones. Por ejemplo, en relación con los registros que se practican, con la ocupación de determinadas cosas, etcétera.

-¿Al respecto hay investigaciones y propuestas de juristas cubanos?

-¡Sí! Muchos juristas hemos trabajado durante muchos años en eso y se ha debatido en las sociedades científicas y en la Unión de Juristas. Tú preguntas acerca de propuestas terminadas. Te tendría que decir que no, porque hacer una ley de procedimiento no es cuestión de sentarse cuatro o cinco días y redactar una ley. Una Ley de Procedimiento, como un Código Penal, es un proceso de elaboración que no puede ser precipitado, es un proceso que lleva su tiempo.

-Hace algún tiempo, el doctor Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado de la República, expresó la necesidad de reformar el Sistema Penal cubano. En la más reciente sesión de la Asamblea del Poder Popular, su Comisión de Asuntos Jurídicos convocó el inicio de dicho proceso. ¿Qué propuestas haría usted? ¿Qué metodología aconsejaría para que la reforma sea el resultado de un proceso amplio y profundo y por tanto constituya un gran bien para el país?

-Yo tengo mis opiniones sobre eso. Posiblemente haya compañeros que no estén muy de acuerdo conmigo por un problema de metodología. A mí me parece que lo primero que hay que hacer es un proyecto con todas las ideas planteadas desde hace años. Y ahí mientras menos gente esté presente, mejor será. Cuatro, cinco, seis especialistas, pueden trabajar perfectamente en el proyecto de ley. Porque hay suficientes cosas escritas, suficiente gente preparada para hacer esos proyectos. Y después pasar a un proceso de discusión abierta, oír criterios de todos, de especialistas y de no especialistas; primero de personas y después se integrarían a las instituciones. Ahora te tengo que decir otra opinión. Quizás no sea una cosa agradable, pero pienso que tiene que ser un proceso pausado. A veces soy temeroso de tomar decisiones precipitadas, de hacer una ley en dos o tres meses y que el resultado sea que nos salga algo peor de lo que había. Yo prefiero ir lento, pero ir seguro. Por tanto, no creo que sea un problema de mañana. Lo que sí podemos y debemos hacer mañana es empezar a trabajar.

Una nueva Ley de Procedimiento Penal, que en mi opinión sería ahora lo más importante, ha de ser un proceso de al menos dos años. Si lo queremos arreglar todo al mismo tiempo tenemos el peligro de que se produzca lo contrario. Y eso sería fatal, en mi opinión. Hay que ir consolidando todos estos pasos que se están dando en la economía, y por supuesto, tener en la agenda otros temas importantes, entre los cuales está el Sistema Penal. En dicho proceso no dejaría de proponer las siguientes reformas:

-Fortalecimiento de la Fiscalía, especialmente en la etapa de instrucción. Los órganos de instrucción deben subordinarse funcionalmente a la Fiscalía General de la República.

-La Abogacía debe entrar en una etapa más temprana del proceso, y cada día debe jugar un papel mucho más activo. Hay que estudiar la posibilidad de un órgano de defensa público, que se ocupe de la defensa de oficio, que es un aspecto importante en todo el proceso penal porque, por lo menos, es una buena parte de los acusados la que va a proceso judicial.

-Soy del criterio de que si la Fiscalía va a estar, como debe estar, tan comprometida con el proceso investigativo, determinadas medidas, como la prisión provisional, por ejemplo, no deben estar en manos de la Fiscalía. Debe estar en lo que en Latinoamérica se ha llamado un Tribunal o Juez de Garantía, que es el que toma las decisiones de si se va a poner o no en prisión provisional. Está el Fiscal, está la defensa, se hace una pequeña vista (que sólo toma unos minutos) y toman la decisión de si se debe poner prisión provisional o no. Pongo el ejemplo del Tribunal de Garantías, porque la Constitución cubana dice que todo lo que se refiera a Tribunales tiene que ser colegiado.

-El juicio oral cubano es bastante avanzado, bastante contradictorio, pero debemos fortalecerlo más.

-Y el otro aspecto que se comenta mucho en Cuba, que muchos especialistas lo están planteando –como ya he dicho-, es buscar alternativas al proceso penal. Se buscaron en la década del 80. Después vino el período especial, todo lo que hubo en la década del 80 no pudo madurar por el período especial. Hay que buscar concretamente alternativas del proceso penal, para concentrar a los tribunales en los casos más importantes. Eso es un proceso que hay que hacer con mucho cuidado, para que tenga todas las garantías. No es cuestión de salir de un problema rápidamente.

Grosso modo, yo te diría que esos son aspectos fundamentales que deberían tomarse en cuenta en la reforma del proceso penal cubano. Por otro lado, también es importante actualizar la Ley de Procedimiento. Por ejemplo, cuando se hizo la Ley del Procedimiento Penal, no existían la informática ni las computadoras. La ley cubana no habla nada de eso. Por ejemplo, si a mí me ocupan unas cartas ahora, la Ley de Procedimiento Penal cubana dice que esas cartas hay que abrirlas delante de mí. Pero si me toman mi computadora o me toman una memoria flash, la ley no dice nada sobre eso. Yo creo que debería dársele el mismo tratamiento que a una correspondencia privada. O sea, hay que actualizarla porque los tiempos cambian, las situaciones cambian.

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