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Por Pedro Campos

Pedro Campos

Pedro Campos durante el IV Foro Social Observatorio Crítico 2010

“Para evitar improvisaciones, en tan complejo desafío, antes de escribir una ley o adoptar una política sobre determinado asunto, es imprescindible investigar todas sus aristas con el más sólido rigor científico, ofreciendo no solo un mero diagnóstico del problema, sino también propuestas y pronósticos bien fundamentados. Tampoco puede olvidarse que en el centro de las transformaciones en marcha debe primar siempre el bienestar del hombre.”

En este último mes de noviembre han sido emitidos nuevos decretos presidenciales, que no leyes, destinados a  brindar un nuevo impulso a la implementación del programa de la “actualización” que intentan el presidente Raúl Castro y su equipo.

Se esperan otros para el entrante mes de diciembre, como el relativo  a cambios en las leyes migratorias y nuevas modificaciones a los ya aprobados, como el permiso de construcción de inmuebles en las tierras distribuidas de acuerdo con el decreto 259.

Las recientes disposiciones permiten la venta de automóviles y viviendas; venir a residir en la capital, a muchos no habaneros si tienen acá parientes cercanos; vender directamente al turismo a los productores agrícolas; y abrir líneas de créditos a cuentapropistas y a particulares en general.

Un decreto de gran significación, el 294, elimina el Ministerio de la Industria Azucarera y crea el Grupo Empresarial Azucarero, cesando a buena parte de su improductivo aparato burocrático; pero todo concebido a partir de la superestructura y  de los intereses mercantiles de la alta burocracia y sin consultar a los trabajadores del sector, los cuales son movidos o echados a un lado, como fichas de dominó.

Estas regulaciones vienen a modificar, sin eliminar totalmente, algunas de las más obsoletas y absurdas reglamentaciones impuestas anteriormente, buscan reparar algunas injusticias, estimular una mejor la circulación monetaria, sustituir importaciones de productos agrícolas para el turismo, aumentar la productividad y disminuir el gasto general del estado en salarios.

Vieja mentalidad se mantiene vigente

Pero en su conjunto, los decretos no abandonan el viejo pecado original del modelo: su carácter estado-céntrico, con sus principales implicaciones: fortalecer el papel regulador y controlador económico del aparato burocrático central del estado,  continuar con la centralización de las decisiones y con el estatismo asalariado, mientras se mantienen  prohibiciones y discriminaciones, multitud de trámites burocráticos y lo más importante: sigue ausente la participación de los trabajadores y el pueblo en la toma de decisiones, que hacen poco procedentes y estimulantes algunas de estas disposiciones.

De manera que la vieja mentalidad que urge superar, sigue presente.

Las modificaciones que introducen algunos decretos son incoherentes hasta con el propósito que enuncian, y más parecen destinados a lograr un impacto populista, efectista, que a obtener resultados prácticos concretos, como el de la venta de autos y viviendas, que mantienen o introducen trámites irracionales y restricciones discriminatorias para la mayoría de la población.

Entre los nuevos procedimientos burocráticos introducidos, están la obligatoriedad de hacer cheques bancarios para algunas transacciones  entre particulares y abrir cuentas corrientes a los trabajadores por cuenta propia, que muchos interpretan como medidas para controlar el dinero de la población, puesto que tales decisiones deberían ser personales y  surgir de la necesidad, no de la imposición. Asimismo se aprueban  nuevos impuestos y la presentación de documentos y antecedentes de difícil o imposible adquisición que complican la tramitación.

Es cierto que los nuevos decretos eliminan en parte anteriores medidas absurdas; pero en todos hay nuevas implicaciones bancarias, impuestos y procedimientos jurídicos obligatorios, que inevitablemente generan burocratismo y algunas tampoco dejan de contener regulaciones que siguen siendo ilógicas, como la limitación a comprar autos nuevos, solo a cubanos de determinadas “categorías.”

Los préstamos

El decreto que introduce la concesión de créditos bancarios podría ser un instrumento de mucha utilidad para el desarrollo de los pequeños negocios; pero los altos precios de los medios de producción e insumos, obligan a solicitar grandes préstamos, que difícilmente podrán retribuir quienes no consigan la reproducción ampliada (capitalista) de sus negocios.

Igualmente los créditos podrían ayudar a la construcción y reparación de viviendas; pero los que viven de un salario promedio de 400 pesos mensuales, sin otras entradas, difícilmente podrían pagar los montos, más intereses, por los varios miles de pesos que demandaría cualquier pequeña construcción o reparación de vivienda,  dados los altos precios actuales de los materiales de construcción.

Problema básico que impide el desarrollo de un mercado interno; pero que no se ataca, lo constituye el bajísimo poder adquisitivo de la población cubana, dados los bajos salarios, los altos precios y el pago del capitalista principal, el estado, en una moneda devaluada.

Ningún decreto se refiere a la doble moneda, una de las principales condicionantes de la actual desarticulación de la economía, fuente de grandes insatisfacciones sociales y del sostenimiento de la burocracia.

No hay ningún decreto que modifique las regulaciones corruptoras y contraproducentes vigentes en la ley impositiva, que sigue siendo uno de los principales obstáculos al movimiento económico de la sociedad cubana. En la sección “Cartas a la dirección” de Granma, del 25 de noviembre, una misiva del lector A. J. Fernández Alonso, bajo el título “Ante la declaración jurada de ingresos personales,” pone de manifiesto un ejemplo concreto que evidencia la necesidad de cambiar radicalmente esa ley. Hay muchos otros.

Desconfianza de la población

En general, las nuevas disposiciones dejan siempre resquicios que generan inseguridad sobre el futuro, factor que no elimina la desconfianza existente en la población y por tanto obstaculiza  la marcha de la “actualización.”

La propia manera de emitir las leyes, en forma de decretos presidenciales, sigue mostrando con toda claridad la hiper-centralización del modelo, en momentos en que muchos cubanos demandamos democracia directa, igual que buena parte de todos los pueblos del mundo.

La Asamblea Nacional del Poder Popular –ANPP- sigue reuniéndose una vez cada 6 meses para “aprobar” lo que ya fue elaborado y decidido “arriba” y además puesto en ejecución: una muestra de que la misma no juega ningún papel promotor en la tal “actualización,” la cual queda como obra expresa de la voluntad del gobierno, que debería estar únicamente para ejecutar lo que apruebe la ANPP en su carácter de “representante” de la soberanía del pueblo.

Por demás, es claro que todo el basamento que sustenta a la actual ANPP, tendría que ser cambiado para lograr un parlamento que pueda representar la diversidad de intereses de la actual sociedad cubana.

Seguimos en las mismas: un pequeño grupo arriba decide y la gran mayoría abajo ejecuta, -precisamente la esencia del sistema burocrático-, cuando debiera ser completamente al revés.

Un modelo socio-económico, donde todo esté en función de los intereses del “estado” y no del ser humano y su entorno; y donde los trabajadores y el pueblo sean ejecutores de las decisiones tomadas por un grupo en el aparato burocrático, puede calificarse de cualquier manera, menos de socialista, en sentido marxista.

El tema de la participación obrera ausente

Y, desde luego, nadie niega que estos decretos estén inspirados en muchas de las propuestas y preocupaciones expuestas por los trabajadores, los comunistas de base y el pueblo en general, en las distintas reuniones verticalistas que han tenido lugar desde el debate del 2007 y,  especialmente, con motivo de los lineamientos del VI Congreso del PCC; pero se quedan muy lejos las aspiraciones y del sentido  de lo entonces expresado.

Basta señalar que los decretos no abordan la participación directa de los trabajadores en las decisiones que les atañen, ni desde luego en la repartición de las utilidades, ni siquiera se tratan eventuales aumentos salariales que la gente pide a gritos; ninguno se refiere a la gran demanda, aprobada en el VI Congreso, de leyes cooperativas que extiendan esa forma productiva socialista a la industria y a los servicios y no acaban aparecer modificaciones democráticas al sistema político-electoral; ni se aprueba nada que garantice la libertad de expresión y asociación.

Si no existe libertad para opinar abierta, pública y horizontalmente sobre estos decretos antes de que se conviertan en leyes y si no existen asociaciones civiles capaces de emitir juicios independientes de los grupos y sectores afectados, tales disposiciones, lógicamente, no contemplarán sus intereses, ni serán fruto de verdaderos debates democráticos.

La tan importante y definitoria ratificación de los firmados tratados de derechos humanos Civiles y políticos y Económicos, sociales y culturales, sigue a la espera de una decisión gubernamental.

Si todos estos decretos fueran discutidos previa, horizontal y democráticamente por el pueblo, o se facilitara  el surgimiento de otros desde las bases y luego fueran sometidos a referendos, en ejercicio de la democracia directa, pudiera modificarse el carácter estado-céntrico de la “actualización”; pero mientras se sigan armando y emitiendo de la manera actual, no hay forma de garantizar que tengan en cuenta, plenamente, los intereses del pueblo.

Faltan dos meses para la realización de la Conferencia del PCC. La próxima sesión de la ANPP aprobará todos los decretos de este “sprint” de fin de año, con el cual el gobierno/partido pretende ensanchar las bases  legales de la “actualización” de su modelo, pero no se atisba el porvenir promisorio ofrecido al pueblo, ni su participación en las decisiones que le atañen.

Si continúan los anuncios efectistas, sin aportar verdaderos cambios profundos al modelo estado-céntrico, la acumulación de inconsecuencias, improvisaciones, errores, imposiciones, descontentos y desengaños, podría precipitar resultados indeseados.

 (*) Por todo lo explicado, empecé este artículo citando las importantes declaraciones de la viceministra de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, Dra. Lina Domínguez Acosta, aparecidas en el periódico Granma, órgano oficial del PCC, este pasado 26 de noviembre.