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Por Yusimí Rodríguez

HAVANA TIMES, 15 julio Cualquier semejanza de este título con el del artículo El derecho a la información. de la periodista Annerys Ivette Leyva, publicado en la edición del viernes 8 de julio del diario Granma, es absolutamente intencional. Pero no he utilizado el título de su trabajo para evitar confusiones y alguna posible demanda.

Brindar información sistemática, veraz, diversa, que permita abordar la realidad desde todas las complejas aristas que pueda ofrecer, no constituye un favor, sino un derecho del pueblo. Con esta valiente afirmación arranca el artículo de Annerys.

Por valiente no quiero decir contestario ni desafiante hacia el gobierno. El artículo no cuestiona el modelo socialista ni la Revolución. De hecho, a lo largo de su trabajo la periodista cita los principios establecidos durante el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, en 1975, y las palabras del presidente Raúl Castro durante su discurso de clausura del período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre del 2010, y las que dijo en su Informe Central al Sexto Congreso del Partido.

En nuestro país se ha convertido en práctica citar palabras del actual presidente, o del Eterno Líder de la Revolución Cubana, cuando se desea decir una verdad que no dejaría de serlo si no la hubieran planteado antes el líder o el presidente, pero que solo parece legitimada por el discurso de ellos.

Este artículo denuncia (no se me ocurre otro término) las dificultades que enfrentan los propios periodistas de los medios oficiales del país para realizar su trabajo: informar al pueblo. No se trata, como aclara la periodista, de revelar secretos de estado que pongan en peligro la seguridad de la nación, sino de informar sobre cuestiones que resultan de interés para los cubanos. Al nombrar a los que obstaculizan la labor periodística, Annerys tiene el valor de mencionar a los Organismos de la Administración Central y a estructuras de Gobierno locales.

¿Quienes son los responsables?

Sin embargo, al leer su artículo no pude evitar preguntarme si en ocasiones los obstáculos que enfrentan los periodistas no se los pondrán los propios directivos de las publicaciones o los que están por encima de los directivos de las publicaciones.

No me haría esta pregunta si no hubiese trabajado entre el 2003 y el 2006 en el periódico Tribuna de la Habana, Órgano Oficial del Partido Comunista de la Ciudad de La Habana.

Un trabajo sobre el racismo en nuestra sociedad que intenté publicar en la página de opinión, y que de hecho había sido aprobado por la dirección, no le pareció oportuno al Partido: esa fue la explicación que recibí del director y la subdirectora del periódico.

Una colega intentó publicar un artículo sobre el eterno problema del transporte en nuestro país, pero sobre ese tema no se podía escribir nada en aquel momento según la orientación del Partido.

En las reuniones de los martes con el personal periodístico se analizaba la última edición y se informaba sobre los temas que el Partido consideraba conveniente tratar en futuras ediciones.

Una vez más debo aplaudir el artículo de Annerys Ivette Leyva y alegrarme de que haya sido publicado en el periódico Granma. Muchas veces cuando leemos la prensa o miramos el noticiero nos parece que el país que se describe está en otro planeta y nuestra realidad diaria no está en la pantalla ni en la letra impresa. Ahora, aunque nos siga pareciendo lo mismo, al menos no juzgaremos mal a los periodistas.

El artículo de Annerys no es de los que lees y olvidas apenas pasas la hoja. He seguido pensando acerca de todo lo que en él se dice y releyéndolo días después. Me gustaría recalcar que no puedo olvidar su magnífica primera oración: Brindar información sistemática, veraz, diversa, que permita abordar la realidad desde todas las complejas aristas que pueda ofrecer, no constituye un favor, sino un derecho del pueblo.

Y es entonces que surgen las preguntas: ¿Hay límites para ese derecho del pueblo? ¿Es real el derecho a la información cuando la inmensa mayoría del pueblo no puede acceder a Internet? Perdón, en realidad el acceso a Internet en Cuba es un derecho de todos, de todos aquellos que tengan el servicio en su centro de trabajo y la autorización para hacer uso de él, o tener a disposición dinero convertible para comprar una tarjeta.

¿Pero cuántos pueden darse el lujo de pagar, por ejemplo, 6 CUC (USD 6.60) por una hora de Internet, equivalente a la tercera parte de un salario normal?

Por tanto, me retracto una vez más: la inmensa mayoría de los cubanos no puede acceder a Internet. ¿Es compatible el derecho a la información con el hecho de que el pueblo solo cuente con la información que brindan los medios de prensa controlados por el Estado y que responden a intereses oficiales?

¿El derecho a recibir información veraz y diversa, que permita abordar la realidad desde todas las complejas aristas que pueda ofrecer, incluye la existencia de medios que no respondan a intereses oficiales? ¿Qué pasa si la información sistemática, veraz y diversa, que constituye un derecho del pueblo, va en contra de los intereses oficiales?